Bastion Digital Argentina

Leé mejor, mirá diferente

Ingresá con

Voto electrónico y poco más

Delia Ferreira Rubio
Doctora en Derecho - Universidad Complutense de Madrid

Es Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Se desempeña como Consultora en temas institucionales y anti-corrupción, colaborando con IFES, OEA, UNODC, PNUD, IDEA, BID, CAPEL, USAID, NEEDS, CIM, IFE, ERIS, DEMOCRACY INTERNATIONAL y otros organismos internacionales y ONGs.

-A A +A
Lun, 11-07-2016
El voto electrónico, central en el proyecto de reforma política enviada por el gobierno al Congreso, se aplica solo en tres países a nivel nacional: Brasil, Venezuela y la India. Bélgica lo abandonó a partir de este año. Alemania y Holanda desistieron porque no garantiza ni el secreto del voto, ni la posibilidad de cualquier ciudadano de entender cómo funciona. Si el gobierno quiere crear un sistema del siglo XXI, la respuesta es la boleta única en papel al estilo de la que se aplica con éxito en Córdoba y Santa Fe. 

El gobierno acaba de remitir al Congreso el proyecto de ley sobre reforma electoral cuya principal innovación es la adopción de un sistema de voto electrónico: la “boleta única electrónica” que se usó en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires o un sistema parecido, según surge de las incompletas y confusas normas del proyecto.

Antes de ocuparnos del voto electrónico, vale mencionar algunos otros aspectos que pasarán más desapercibidos. El proyecto propone algunas medidas interesantes que –de corregirse apropiadamente la defectuosa y oscura redacción de algunos artículos- podrían contribuir a eliminar algunas de las maniobras inventadas por la dirigencia política como las listas colectoras, los acoples y las candidaturas múltiples. Nada se dice, sin embargo, sobre las candidaturas testimoniales, un invento del FPV para engañar electores con candidatos ficticios.

Mientras algunos funcionarios del gobierno admiten que el tema del financiamiento de las campañas es central para sanear la política y reconocen que “todo lo que se declara hoy en las campañas es una mentira”, el proyecto sólo toca tangencialmente el tema ampliando el número de miembros del Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral (una medida positiva) y aprobando un régimen procesal para las infracciones a la ley que –sospechamos- hará más difícil y lenta la aplicación de eventuales sanciones.

También se proponen modificaciones en las primarias. Las dos principales implican restringir los derechos de los ciudadanos a los que se sigue obligando a ir a votar. En primer lugar se establece que primero se deberá optar por un partido o alianza y a continuación se votará entre las listas internas de ese partido para todas las categorías. En el sistema vigente el elector puede votar a un candidato a presidente del partido A y a una de las listas de diputados o senadores del partido B. Ya no podrá hacerlo. Este proceso se justifica aparentemente en la necesidad de fortalecer a los partidos, aunque nos parece que la verdad es que se adopta por las restricciones técnicas del sistema de voto electrónico que se quiere imponer. La otra modificación también recorta los derechos de los ciudadanos: ya no podremos elegir al candidato a vicepresidente. El derecho a elegir al Vice será ejercido exclusivamente por el candidato a presidente que gane la interna. Una elección a dedo. Por cierto, dado que la decisión es del candidato y no del partido o alianza me parece que la propuesta debilita al partido frente al candidato.

Pero vayamos al tema central del proyecto: el voto electrónico. La exposición de motivos expresa que el objetivo del gobierno es crear un sistema del siglo XXI. Si ese es el objetivo, la respuesta es la boleta única en papel al estilo de la que se aplica con éxito en Córdoba y Santa Fe. Sólo 3 países en el mundo aplican el sistema de voto electrónico a nivel nacional: Brasil, Venezuela y la India. Bélgica lo abandonó a partir de este año. Países desarrollados como Alemania y Holanda hicieron alguna experiencia pero abandonaron el sistema porque no garantiza ni el secreto del voto, ni la posibilidad de cualquier ciudadano de entender cómo funciona el sistema. Tampoco se siguió adelante con los proyectos de aplicar el voto electrónico en Francia, Finlandia, Irlanda, Bulgaria, Austria. Tampoco se utiliza en Gran Bretaña. En Estados Unidos la mayoría de los estados utiliza sistemas de boleta única papel e incorpora mecanismos de lectura electrónica de esas boletas-papel.

El gobierno a través del Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior ha explicado que propone el sistema de voto electrónico con el objetivo de terminar con el clientelismo. Craso error. El clientelismo como forma de hacer política no se agota en el momento electoral, ni se limita a la compra de votos. Venezuela aplica el sistema de voto electrónico y sin embargo sufre las consecuencias de un modelo clientelar populista desde hace años. Cabe preguntarse qué sucede con la forma de hacer política en los distritos argentinos donde se aplicó el sistema. ¿Ya no hay clientelismo político?

Se sostiene también que con el voto electrónico se corrige el problema derivado del robo de boletas. Esto es cierto, se garantiza al elector contar con la oferta electoral completa. Pero eso también se logra con la boleta única de papel sistema utilizado en la mayoría de los países del mundo, que es más simple, más barato y garantiza el secreto del voto.

El robo y la quema de urnas –que vimos en Tucumán en 2015- no se soluciona con el sistema propuesto. La compra de votos, tampoco, aunque el proyecto prohíba tomar “imágenes de la boleta o la pantalla”.  Dado que el voto consta en un chip cuya lectura puede hacerse con un simple celular sin necesidad de sacarlo del bolsillo, ya no es necesario tomar una foto.

El sistema de voto electrónico sólo corrige uno de los problemas señalados (el robo de boletas) pero multiplica y renueva las vulnerabilidades (problemas vinculados con el secreto del voto, la transparencia del sistema de escrutinio y la trasmisión de resultados, las posibles fallas del sistema y un largo etcétera que los especialistas informáticos han señalado en Argentina y en el mundo). Esas vulnerabilidades vinculadas al voto electrónico tienen una característica que agrava la situación: son más difíciles de detectar y no hace falta una gran organización, ni movilización para producirlas con efectos en el resultado electoral.

A esas nuevas vulnerabilidades que incorpora el voto electrónico al sistema electoral, hay que sumar los costos. No sabemos qué presupuesto insumirá la compra, alquiler o construcción de las máquinas, ni del software que se utilizará. Tampoco sabemos cómo se solucionará el problema de la obsolescencia de la tecnología, tampoco se dice nada respecto al problema derivado de la gran cantidad de baterías de las que habrá que disponer. En materia de costos, la boleta única papel es sin duda una opción más económica.

El proyecto establece que “el Poder Ejecutivo Nacional adoptará las providencias necesarias para remitir con la debida antelación (sic) a las Juntas Electorales los equipos … (y agrega) Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior…”. Toda decisión sobre compra, alquiler, desarrollo del hardware y el software, licitaciones, adjudicación, etc., es decir, el negocio, estará a cargo del Poder Ejecutivo de turno.

Las condiciones del sistema, los pliegos de condiciones de la licitación, todas esas cuestiones no figuran en el proyecto. Sin embargo y aun antes de que el Congreso sancione la ley, el gobierno ha firmado acuerdos con empresas coreanas para asesorar y participar en el proceso de compra, alquiler o diseño de las máquinas y el software.

Según el proyecto, la Cámara Nacional Electoral será la responsable de garantizar que el sistema de voto electrónico respete los principios establecidos en la ley. Pero en la normativa la Cámara se limita a “homologar” el sistema de votación, después de lo que se describe como “auditoría” para la que sólo se dispondrá de 20 días corridos. El plazo establecido es insuficiente para una auditoría de un sistema complejo que incluye el sistema de emisión de voto, escrutinio, trasmisión y totalización de resultados. Además si la información se pone a disposición 120 días antes de la elección y la auditoría lleva 20 y luego la Cámara analiza los resultados para lo cual se toma –digamos-10 días más.  ¿Qué sucede si la Cámara no homologa el sistema? En el mejor de los casos estaremos a 3 meses de la elección y el plan B del proyecto es que si no se puede aplicar el sistema se vote con las boletas por partido. Pero a esa altura el tiempo ya no será suficiente para poner en marcha el procedimiento actual, en el cual hay que oficializar boletas, pagar el aporte por boleta y cada partido debe imprimir las boletas.

En el tema de las auditorías hay que destacar que sólo estarán habilitados para auditar el sistema los partidos y las universidades que sean convocadas por la Cámara. Esta limitación es lamentable desde el punto de vista de la transparencia del sistema. Tengamos en cuenta que en la Ciudad de Buenos Aires los problemas del sistema –como el multi-voto- no fueron detectados por la auditoría oficial, sino precisamente gracias al trabajo de técnicos independientes.

El proyecto hace una descripción parcial del sistema de voto electrónico de la empresa MSA que se usó en Buenos Aires y Salta. Hay muchas cuestiones del procedimiento que quedan sin aclarar y se delega en las Juntas Electorales Nacionales (organismos no permanentes, ni especializados) la elaboración de Protocolos para el proceso. Como sucedió en los distritos antes mencionados esta falta de regulación terminará en que los manuales de instrucciones de la empresa elegida, reemplazarán a la regulación legal, privatizando un aspecto más del proceso electoral. Los defectos en la regulación afectan la transparencia del proceso, generan dudas y deslegitiman los resultados. Baste recordar lo sucedido con el proceso de escrutinio por escaneo utilizado en la última elección presidencial en República Dominicana.

Otra falencia del proyecto es asignar tareas a las autoridades de mesa que carecen de la capacitación para operar los sistemas. De hecho en los dos distritos donde se aplicó el sistema, la carga del software y la solución de los problemas estuvo a cargo de personal de la empresa proveedora que interviene en el proceso electoral manipulando las máquinas de votación y el software sin ninguna habilitación legal. El proyecto ni menciona a estos personajes. El presidente de mesa por ejemplo, “examinará el dispositivo de votación … a fin de cerciorarse que funciona de acuerdo a lo previsto”. ¿Con qué capacitación hará esto? ¿Cómo verificará que el software está operando adecuadamente?

Uno de los puntos conflictivos del proceso electoral es el del escrutinio provisorio que aunque no tiene valor legal tiene gran peso político porque es la información sobre resultados que se hace pública terminado los comicios. Sobre el proceso de trasmisión de datos desde las escuelas  al centro de cómputos y sobre el procedimiento de totalización no se aclara nada. El escrutinio provisorio seguirá en manos del Poder Ejecutivo de turno y de la empresa proveedora del servicio –sea la misma que provee las máquinas para votar y contar los votos en las mesas o sea otra distinta.

En cuanto a la previsión de qué hacer en caso de que las máquinas fallen (lo cual puede suceder en cualquier etapa del proceso, emisión de actas, habilitación del sistema, lectura de certificados, emisión del voto, conteo del voto) esto dependerá de lo que cada Junta Electoral haya resuelto, lo que obviamente podrá variar de distrito en distrito y eventualmente podría afectar la uniformidad del sistema y la igualdad del voto en la elección nacional.

El proyecto debe ser discutido en el Congreso –y si la cuestión se toma con la debida seriedad, esto llevará un tiempo y habrá que introducir modificaciones en la propuesta del gobierno-. Las elecciones primarias se realizan en agosto de 2017. Hay que elaborar pliegos, llamar a licitación, adjudicar, etc. ¿El tiempo disponible será suficiente para poner en marcha el sistema garantizando la integridad, transparencia, legalidad y legitimidad del proceso electoral?

El proyecto del Ejecutivo prevé normas transitorias por si no se llega a tiempo para aplicar el sistema en todos los distritos en la elección de 2017 y la solución en esos casos no es –como podría pensarse- adoptar la boleta única papel, sino seguir aplicando el sistema de boletas partidarias. Llamativo, en vista de los objetivos iniciales.

Finalmente se ha dejado para el futuro la eliminación de la intervención del Poder Ejecutivo en el control y administración de las elecciones. El gobierno de turno es un actor político que compite en las elecciones y carece por lo tanto de la necesaria independencia e imparcialidad que exigen la transparencia y la integridad del proceso electoral. Es lamentable que se siga demorando esta reforma.

  • nah
  • mmm
  • aprobada
  • aplausos
  • ovación

Más en Bastión

BASTION en el mundo