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Violentamente desigual

Martín De Simone
Lic. Ciencia Política (UdeSA). MPA Candidate 2018, Princeton University.

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Mié, 12-04-2017
Si observamos diversas estadísticas macroeconómicas y su relación con la delincuencia, lo primero que se percibe es una gran anomalía en América Latina. Así, por ejemplo, si bien a nivel mundial existe una correlación negativa entre el PBI per cápita y las tasas de homicidio intencional -uno de los indicadores de inseguridad más confiables-, los valores para los países latinoamericanos se encuentran muy por encima de los esperados. Es decir, las tasas de homicidio son muy elevadas en relación a los niveles de ingreso de los países. 

Algo similar ocurre con los niveles de pobreza: en términos comparativos, los países de América Latina presentan altos índices de homicidios en relación a sus tasas de pobreza. La correlación con la desigualdad medida en base al coeficiente de Gini es más alta, pero incluso en este caso solamente los países de América Latina son outliers en la distribución (Jaitman, 2015). 

Así, mientras Latinoamérica constituye el hogar para el 8% de la población mundial, es también la región donde ocurren el 33% de los homicidios. Solamente Brasil, Colombia, México y Venezuela dan cuenta de un cuarto de los homicidios que ocurren en todo el mundo, y cuarenta y siete de las ciudades más violentas del globo se hallan en América Latina (Instituto Igarapé, 2016). De acuerdo a estimaciones del Instituto Igarapé (2016), si las tendencias actuales persisten, la tasa de homicidios escalara en la región en los próximos años, pasado del actual 21 a 35 cada 100.000 habitantes

¿Cuáles son las causas de esta anomalía?

Dos factores parecen ser de relevancia: la desigualdad en los niveles de violencia hacia el interior de los países y la debilidad institucional imperante.

En primer lugar, así como la desigualdad parece ser relevante para entender las diferencias en los niveles de violencia entre países, su importancia hacia el interior de los mismos es aún más importante, sobre todo en una región como América Latina, caracterizada por sus países con elevados niveles de desigualdad, pese a los avances de las últimas décadas.

La ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo: seis de los barrios de emergencia, que constituyen solamente el 1% del territorio de la ciudad, dan cuenta del 36% de los homicidios, según datos del 2010. Similarmente, mientras que la tasa de homicidios en la ciudad es de alrededor del 6,6 cada 100.000 habitantes, el guarismo asciende a 76 para la Villa 31. De hecho, en 2015 el 47% de todos los homicidios fueron cometidos en barrios de emergencia. (Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, 2016). Una tendencia similar se percibe en otros aglomerados urbanos del país. De hecho, la situación en Argentina es solamente el reflejo de un patrón que se vislumbra en toda la región: si se consideran las ciudades de tamaño mediano y grande, aproximadamente el 80% de los homicidios se concentran en menos del 2% de las calles de la región (Muggah y Alvarado, 2016). Más allá de la percepción general, los homicidios son quizá uno de los fenómenos en donde la desigualdad se manifiesta con mayor crudeza.

El segundo factor es la debilidad institucional. América Latina constituye una rara región en donde las normas existen y la capacidad de los Estados es relativamente fuerte, pero los niveles de cumplimiento y enforcement de esas normas es muy bajo. Esta situación da lugar a la corrupción y a los niveles de connivencia entre la política y el crimen organizado, que suele estar fuertemente asociado con altos grados de violencia. Cuando las instituciones son débiles, no es difícil imaginar casos en los que los conflictos se resuelven por fuera de los canales institucionales y, por ende, recurriendo a la violencia.

Esta escasa fortaleza institucional se manifiesta tanto en las instituciones sociales como en aquellas asociadas a la política criminal. Por tan solo dar un ejemplo, en la World Value Survey de 2014, en un listado de 60 países ordenados según los niveles de confianza en la policía que la población manifiesta, cuatro de los últimos lugares son ocupados por países de América Latina: México (28%), Trinidad y Tobago (28%), Perú (28%) y Argentina (25%) (World Value Survey, 2014).

Las lecciones que pueden extraerse en términos de políticas públicas son múltiples, pero focalizare mi atención en dos. En primer lugar, una política de seguridad es una política a largo plazo, y mejorar la calidad institucional es un requisito indispensable. De hecho, América Latina es una región que ha atravesado múltiples estrategias de desarrollo, desde la aplicación más extrema del Consenso de Washington en los 90 hasta las políticas más intervencionistas. No obstante, todas las estrategias han fallado en el mediano plazo. Algunos autores sugieren que este fracaso es justamente consecuencia de la debilidad de las instituciones (v.gr. Kingstone, 2010). Sin instituciones con capacidad de hacer cumplir las normas –incluso para quienes las dictan-, poco importa cuál sea el camino elegido. Mejorar las instituciones no solo favorecerá el desarrollo, sino que también reducirá los vacíos de legalidad que permiten el florecimiento de la violencia común y organizada. En algunos casos, no solo se trata de mejorar las instituciones sino también de hacerlas presente allí donde no están.

En segundo lugar, si los problemas más serios de inseguridad se encuentran híper concentrados en las zonas más pobres, las soluciones también deben centrar su atención allí. Esto implica no solamente la provisión de más inversión para la seguridad en estas áreas, sino también y fundamentalmente una mayor inversión en políticas sociales y educativas de largo plazo que tiendan a desarrollar a estas zonas frágiles de la ciudad. Si la violencia se focaliza en donde la pobreza está concentrada, es hora de evaluar la posibilidad de pensar políticas que entiendan a ciertas formas de violencia como una manifestación de la pobreza y la desigualdad.

En la región en general y en Argentina en particular, las políticas contra la inseguridad han sido pendulares: mientras los gobiernos más cercanos a la derecha han propuesto políticas punitivas altamente ineficaces, los gobiernos de izquierda han tendido a evitar el problema, considerándolo una preocupación de derecha. Quizá sea hora de entender que quienes viven en la pobreza son los más afectados por la inseguridad y la violencia, y quizá solo después de eso podamos pensar políticas más eficaces. 

 

 

  • Instituto de Investigaciones, Consejo de la Magistratura, Poder Judicial de la Nación (2016). Informe sobre Homicidios 2015, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Jaitman, Laura (ed.) (2015). Los costos del crimen y la violencia en el bienestar en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
  • Kingstone, Peter. The Political Economy of Latin America. Reflections on Neoliberalism and Development. Routledge: 2010.
  • Muggah, Robert and Nathalie Alvarado (2016). "Latin America Could Cut Its Murder Rate By 50 percent. Here's How", Americas Quarterly, 4 de octubre de 2016.
  • World Value Survey Database. http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp Acceso en febrero de 2017.
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