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Una errada concepción del federalismo argentino

Gonzalo Gabriel Carranza
Magister en Derecho Constitucional (CEPC-España)

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid

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Mar, 15-11-2016
La forma de ver el federalismo argentino de Rodríguez Saa tiene un tinte claramente descabellado en nuestro esquema institucional. En Argentina el federalismo es simétrico por su propia base constitucional. Es verdad que el sistema es claramente asimétrico en su faz dinámica pero eso no podría llevar, de ninguna manera, a que se produzca en el país un régimen de autonomía diferenciada para la Provincia de San Luis.

En las últimas semanas se hizo eco en los medios una particular propuesta del Gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, respecto a una nueva forma de ver el federalismo argentino que, por muy interesante que sea, tiene un tinte claramente descabellado en nuestro esquema institucional.

Distintos medios nacionales y locales reprodujeron un video de una entrevista realizada por el Canal 13 de la Provincia puntana al Gobernador Rodríguez Saá, en el que busca una solución a lo que él califica como una “discriminación” por parte del Estado federal. 

Sus palabras hacían alusión a que los dichos que proferiría serían “de resonancia nacional” y, por el contenido que poseen. Claramente, lo son ya que su planteo sirve, de base, para realizar algunas preguntas técnicas acerca del sistema federal en el que viven 40 millones de argentinos y algunas posibles modificaciones “a la española”.

Según el Gobernador, tres son los planteos que le realizó al Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio:

Si seguiría tratando a San Luis como hasta ahora, discriminatoriamente;

Si solucionaría todos los problemas de San Luis; y

Que le presentaría un plan para generar un “federalismo reforzado al modo de las Autonomías españolas”.

El Gobernador plantea que en el marco de la Constitución de la República Argentina de 1994 se podría hacer un proyecto similar al de la Constitución de España de 1978. Así, se admitiría, por ejemplo, que San Luis tenga capacidad para cobrar impuestos, para delimitar ciertas figuras penales que se apliquen sólo a su territorio o reglas especiales de juego del Código Civil que, una vez más, sólo acusen recibo allí.

Los cambios que pretende realizar el puntano se dirigirían, pues, a lograr cobrar los impuestos nacionales y, en vez de que la Nación les asigne su parte, la Provincia se la transfiera. Además, siguiendo con la cuestión impositiva, pretendería que se le entregue la parte de la alícuota de las exportaciones que le correspondan a la Provincia. Junto a ello, la posibilidad de cobrar un peaje en las autopistas a quienes acceden a sus carriles desde otra Provincia. Así, con los ingresos que pretende el Gobernador, sería posible –según plantea- lograr pobreza cero en su Provincia, tener el mejor salario del país, lograr un sistema logístico puntano de alto nivel, etc.

Según es posible ver en la entrevista, el Ministro Frigerio habría dicho que no sabría si se podría hacer un cambio de tal magnitud, cuestión tajantemente afirmada por Rodríguez Saá. Claramente, el Gobernador no se ha asesorado correctamente en este tema y sus palabras no van de la mano del ordenamiento argentino, como así tampoco del español.

Sería conveniente analizar algunos aspectos para rebatir los dichos del titular del Ejecutivo puntano, como así también de los medios que tomaron esta entrevista y la reprodujeron en sus portales. 

Para empezar, hay que dejar sentado que el pedido del Gobernador no es un pedido “independentista”, en el sentido de que no pretende separar a su Provincia del resto de Argentina y, así, crear un nuevo Estado. Quizás, los medios malinterpretaron los dichos o quisieron extrapolar ciertas cuestiones que hacen a la coyuntura española (donde los independentismos encarnados en ciertos sectores territoriales son ciertos, como es el caso de Cataluña), al oír hablar que tomaría el modelo del país europeo para encarar su proyecto. Lo que busca San Luis es, en fin, mayor autonomía, pero dentro del esquema de gobierno federal argentino.

El pedido de autonomía podría haberse quedado en cuestiones impositivas, pero su proyecto iría más allá, buscando diferenciarse en cuanto a derecho de fondo, tanto civil como penal, como así también en la regulación de cierto trato distintivo hacia quienes quisieran ingresar a su Provincia y hacer uso de sus carreteras. En este punto, sería bueno dar nota de los artículos 8, 16 y 75 inc. 12, junto a la extensa interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha realizado sobre estos artículos y sus concordantes. En fin, sus pretensiones no se adecúan a la Constitución Nacional.

Por otro lado, es menester recordarle que España no es un Estado federal, por lo menos no en su nombre. Le es predicable, en cuanto a la forma de distribución territorial del poder, la nominación de “Estado Autonómico” o “Estado de las Autonomías”, que ni siquiera está presente en la Constitución, sino que se desprende de la interpretación y construcción del entramado de poder en base al territorio que desarrolló durante muchísimos años su Tribunal Constitucional.

Si bien el Estado español tiene “notas federalizantes”, no es -como afirma Rodríguez Saá- un “federalismo reforzado”, sino un sistema en el que lo que se ha pretendido es el “fortalecimiento de las autonomías”, luego de su transición de una época de absoluto centralismo durante el franquismo a la búsqueda de una descentralización de poder dándole mayor fuerza a los entes regionales, con el advenimiento de la democracia.

En España existen ciertos “hechos diferenciales” (tal cual señala el catalán Eliseo Aja), que permiten entender la necesidad de una asimetría de poderes, pero que tienen base en ciertas condiciones fácticas e históricas que requieren un trato diferenciado respecto a todo el territorio. 

Existen, por ejemplo, ciertos conciertos forales dados a la Comunidad Autónoma de Navarra y del País Vasco para manejar un régimen impositivo propio. Junto a ello, algunas instituciones de derecho civil con notas peculiares en la Comunidad Autónoma de Cataluña o de Aragón, por ejemplo, junto a otras particulares formas de trato a ciertos espacios territoriales. Todas ellas, como se dijo, con base cierta en aspectos locales que son preexistentes al sistema.

Hay que tener en cuenta, además, que por la particular forma del Estado Autonómico, los Estatutos de Autonomía (que podrían tener su correlato argentino en las Constituciones Provinciales, aunque con una diferencia conceptual y de naturaleza jurídica abismal), son leyes paccionadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y es en base al arreglo dentro de las normas constitucionales donde se definen estas diferencias que se pueden apreciar por los hechos diferenciales.

San Luis, más allá de ser una de las catorce Provincias originarias, no tendría en sí hechos diferenciales (por lo menos no “al modo español”, como pretende el Gobernador) que den base a un trato particular en cuanto al reparto competencial, meollo de la cuestión que trae a colación en su entrevista, en la que relata brevemente su proyecto.

En todo caso, el planteo puntano no es de recibo en Argentina, donde el federalismo es simétrico por su propia base constitucional. Sí es verdad que el sistema es claramente asimétrico en su faz dinámica, con un trato peculiar que tiene raíz en el híper presidencialismo exacerbado, pero que no podría llevar, de ninguna manera, a que se produzca en el país un régimen de autonomía diferenciada para la Provincia de San Luis, por considerarse “discriminada”, no por lo menos en el marco de la actual Constitución federal. Algo como lo planteado por el Gobernador es, en pocas palabras, insólito en el sistema federal argentino.

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