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Segundo round en la batalla del azúcar

Gonzalo Gabriel Carranza
Magister en Derecho Constitucional (CEPC-España)

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid

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Jue, 23-11-2017
La justicia federal tucumana hizo lugar a un planteo contra la ordenanza, aprobada en la ciudad de Córdoba, para limitar el consumo en bares, pero los argumentos esgrimidos para suspender la medida parecen endebles. 

Hace pocos días, el Juzgado Federal de Tucumán nº 1, a cargo del Juez Raúl Daniel Bejas, hizo lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo colectiva presentada por un grupo de Cámaras empresariales, Sindicatos, Ingenieros azucareros y productores cañeros, en contra de la Municipalidad de Córdoba, por la que se suspendió la aplicación de la Ordenanza nº 12696, sancionada por el Concejo Deliberante cordobés en el mes de septiembre. La “batalla del azúcar”, como muchos medios han dado en llamar, ha llegado a su segundo round, esta vez, en la justicia y, como detalle, en la justicia federal.

Viene bien recordar y ponernos en situación: el conflicto se inició cuando el Concejo metropolitano sancionó una Ordenanza que buscaba, como fin último, propender a la calidad de vida de los cordobeses, limitando la posibilidad que el azúcar se encuentre a disposición de la mano de cualquier persona, en establecimientos comerciales destinados al rubro gastronómico. Junto a ello, la mentada norma municipal, buscaba que se ofreciesen bebidas libres de azúcar en establecimientos donde se realicen actividades gastronómicas, deportivas, culturales, sociales, educativas y de recreación, ubicados en Córdoba y que, al menos, un 10% de la oferta de cremas heladas sean, también 0% azúcar.

Aquella decisión, avalada por el Ejecutivo municipal, llevó a una serie de discusiones y a una batalla mediática entre el Gobierno de la Provincia de Tucumán y el Intendente Ramón Mestre. La contienda fue tal, que hasta se llegó a hablar de la posible prohibición de la venta de fernet, maní o salame procedente de Córdoba en aquella Provincia norteña.

La inusitada discusión, no tenía –ni tiene-, base sólida a nivel legal, según se entiende desde esta tribuna. La acción de amparo promovida por el ente colectivo -al cual adhirió el Gobierno tucumano-, pretende que se declare la inconstitucionalidad de la medida, en el convencimiento que el Municipio se extralimitó en sus competencias constitucionales, arrogándose muchas que le corresponden a la Federación, afectando también de manera grave la economía no sólo de Tucumán, sino de todas las Provincias del NOA que se dedican a la actividad azucarera.

A raíz del análisis de la medida cautelar, a la que el Juez Bejas hizo lugar, es posible identificar una serie de argumentos claramente falaces e inidóneos para lograr el objetivo que persiguen los amparistas. Incluso, cuando muchos de ellos son una muestra clara de un erróneo pensamiento y de una errónea interpretación de la Constitución, se hizo lugar a la medida cautelar y, por ello, el Juez dispuso la inmediata suspensión de la aplicación de la Ordenanza, mientras dure el proceso judicial.

Hay que tener presente un par de cuestiones que imperan a la hora de analizar los recaudos que se deben seguir para hacer lugar a la medida cautelar. No se cree, desde esta tribuna, que haya existido una verosimilitud en el derecho, por cuanto la Municipalidad de Córdoba no prohibió el consumo de azúcar ni legisló en materia de derecho de fondo que corresponde a la Federación. En ningún momento Córdoba dijo que el azúcar debía ser reemplazada por endulzantes artificiales de manera compulsiva para todas aquellas personas que quisiesen consumir azúcar para endulzar su café o infusión. Nada de eso.

Córdoba, simplemente, limitó el acceso directo, con su Ordenanza, al azúcar, de manera tal que aquel sujeto que la quisiese, deba simplemente y de manera cordial, pedirla al camarero, el que, sin problemas ni mayores discursos moralistas, entregará los sobrecitos de azúcar o el envase que lo contenga al solicitante. Punto. No implica esto un esfuerzo sobrehumano por parte de las personas, sino simplemente, limitar el tener al alcance directo de la mano un alimento que, consumido de manera irresponsable, puede traer perjuicios a la salud humana, como bien es sabido.

No es que se haya intrometido Córdoba en la libertad de empresa, ni en la libertad de comercialización, ni que haya prohibido que en las góndolas de los supermercados o en cualquier casa de buen vecino se pueda consumir azúcar. Simplemente, se limitó un derecho en un ejercicio razonable del poder de policía municipal con el fin lícito de propender a la salubridad de los ciudadanos que se encuentran bajo su amparo.

No hay una intromisión en ninguna competencia federal, por cuanto como bien se puede leer, no hay definiciones de fondo, sino netamente operativas y a modo de mandato al sujeto dueño de locales o establecimientos donde se comercializa un determinado producto que pueda ser endulzado con azúcar, y cuyo endulzamiento dependa del ciudadano. No quiere decir esto, bajo ningún concepto, que cualquier postre va a dejar de tener azúcar, ni que se prohíbe a los establecimientos de este tipo comprar este producto.

No es creíble el argumento de la grave afección que existe a la economía tucumana, ni de cualquier Provincia del NOA. Hay que ser sinceros: ¿cuánto volumen de ventas representa el azúcar que se consume y que viene envasada, destinada a endulzar una infusión en sólo una ciudad del universo país? Que en una ciudad como Córdoba se limite -y se insiste, “se limite”-, el consumo, no afecta a la economía general de tres Provincias ni va a generar desempleo. De ninguna manera.

Por otra parte, en relación al llamado periculum in mora, o peligro en la demora de la toma de decisión sobre el fondo, por el cual se hace lugar a la cautelar, también se generan dudas. ¿No es un tanto apresurado hacer lugar a una medida de este tipo cuando faltan varios meses para que la Ordenanza entre en vigencia? Bien señala el art. 10 de la norma que recién entrará en vigor a los 180 días de publicada en el Boletín Oficial, lo que, contando si se quiere desde el mismísimo día de su sanción (y no de su publicación, para dar más tiempo aún), recién cobraría valor el 7 de marzo de 2018.

Desde esta humilde tribuna se critica la decisión, por cuanto ha sido desmedida. El segundo round de la batalla lo ha ganado Tucumán. Habrá que ver qué pasa con la decisión de fondo y con las casi innegables apelaciones que se desarrollarán a futuro. Lo que sí es seguro, es que este tipo de contiendas judiciales afectan al federalismo y, sobre todo, al bienestar de los ciudadanos, que es aquello por lo que todos los poderes públicos deben velar.

 

 

*Análisis realizado desde la Sala de Derecho a la Salud del Instituto de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Blas Pascal.

 

 

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