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Relaciones peligrosas

Delia Ferreira Rubio
Doctora en Derecho - Universidad Complutense de Madrid

Es Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Se desempeña como Consultora en temas institucionales y anti-corrupción, colaborando con IFES, OEA, UNODC, PNUD, IDEA, BID, CAPEL, USAID, NEEDS, CIM, IFE, ERIS, DEMOCRACY INTERNATIONAL y otros organismos internacionales y ONGs.

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Mar, 29-12-2015
El crimen organizado representa uno de los principales desafíos para la gobernanza democrática. La captura del Estado por parte de estos grupos criminales pone en riesgo la legitimidad de los gobiernos. La anunciada reforma electoral que encara el gobierno de Cambiemos debería incluir normas de fondo y procedimiento para transparentar el financiamiento de las campañas y evitar el ingreso del crimen organizado a la política.

La llamativa fuga de los tres condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez vuelve a poner en primera plana la compleja trama que rodea el financiamiento de la campaña del FPV en 2007 con el tráfico ilegal de efedrina y su secuela de crímenes, complicidades, presiones y la ineficiencia de los organismos encargados del control del narcotráfico y el lavado de dinero. 

A través del financiamiento de las campañas los grupos criminales se garantizan la inactividad del gobierno, la inoperancia de las autoridades, la ausencia de respuesta del Estado frente a las actividades criminales, la ineficiencia de los funcionarios. 

 Algunas condiciones de contexto facilitan el ingreso de fondos provenientes del crimen organizado en los circuitos políticos, al ofrecer un esquema institucional frágil y vacilante que es fácilmente explotado por las organizaciones criminales. Entre estas condiciones se destacan: 

  • la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones, 
  • la ausencia o debilidad de los mecanismos de supervisión, control y auditoría, 
  • la concentración de poder y el margen de discrecionalidad en algunos niveles de decisión, 
  • la descentralización, que ofrece múltiples puntos de acceso para el dinero, 
  • la dispersión de la competencia y jurisdicción de los organismos electorales, 
  • la impunidad como resultado de la ineficacia de las sanciones, la no criminalización de ciertas actividades vinculadas al crimen organizado, las deficiencias de los sistemas procesales y la falta de protección a testigos y denunciantes, y 
  • la tolerancia o la indiferencia social frente a la corrupción y a la connivencia de la política con sectores marginales e ilegales.

El financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos en 2007 es un claro ejemplo de los múltiples e intrincados caminos que vinculan -en algunas ocasiones- a la política y las actividades ilícitas.

A más de ocho años de la elección que ganó Cristina Fernández de Kirchner las cuentas del FPV de la campaña presidencial 2007 permanecen en un limbo. Todo ello a pesar de las irregularidades y sospechas que enseguida estallaron en torno al financiamiento de aquella campaña y el origen de los recursos invertidos, dudas que incluyeron el sospechoso asunto de las valijas venezolanas cargadas de dólares de Antonini Wilson, o la presencia de falsos aportantes que figuraban donando sumas de dinero que no podían justificar.

Cuando 10 días antes de la elección de 2007 se presentaron ante la Justicia los informes financieros de campaña previos, Poder Ciudadano detectó algo llamativo: cerca del 37% de los aportes privados que el FPV reportaba provenían de empresas del sector salud: compañías farmacéuticas, droguerías, laboratorios, gerenciadoras de salud y de empresarios del sector. Esos aportes declarados por el FPV eran la punta del iceberg de un escándalo que involucró: corrupción, financiamiento irregular de la campaña, acuerdos mafiosos entre empresarios y funcionarios para suministrar medicamentos adulterados o vencidos a través de las obras sociales, lavado de dinero y la incontrolada importación de efedrina que terminó alimentando a los laboratorios clandestinos que se instalaron en el país. 

En agosto de 2008 el Triple Crimen de General Rodríguez hizo estallar el escándalo. De los expedientes judiciales vinculados con el Triple Crimen, la importación de efedrina y la Mafia de los Medicamentos surgieron múltiples informaciones sobre irregularidades en el financiamiento de la campaña del FPV en 2007.  Se comprobó que había donantes forzados a cambio de negocios con la administración nacional; donantes-máscara que entregaban cheques pero luego eran reembolsados, como mecanismo para blanquear otros fondos de origen ilegal provenientes de donantes-fantasma; donantes insolventes que aportaban fortunas a la campaña y por el otro lado la sospecha fundada de que funcionarios cómplices garantizaban el "negocio", mientras el relato oficial hablaba de la lucha contra el narcotráfico.

La anunciada reforma electoral que encara el gobierno de CAMBIEMOS debería incluir normas de fondo y procedimiento para transparentar el financiamiento de las campañas y evitar el ingreso de fondos del crimen organizado a la política. Entre esas medidas sería aconsejable:

  • Fortalecer al organismo encargado del control del financiamiento. Para que el órgano electoral (sea de naturaleza judicial, jurisdiccional o administrativa) pueda desarrollar eficazmente su labor es indispensable garantizar tres condiciones:  independencia del poder político y económico; competencias legales claras y suficientes; capacidad de acción con recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos apropiados. 
  • Prever mecanismos ágiles de coordinación e intercambio de información entre el organismo electoral y otros organismos del Estado encargados de la recaudación impositiva, la supervisión de bancos, la lucha contra el lavado de dinero, el registro y control de las personas jurídicas.
  • Fortalecer el marco regulatorio del financiamiento de la política a nivel subnacional y local, así como el establecimiento en todos los niveles de organismos de control independientes, competentes y dotados de los recursos necesarios. 
  • Prever mecanismos de coordinación entre los órganos electorales nacionales, subnacionales e internacionales para el intercambio de información en la investigación del origen de los aportes y la ruta del dinero.
  • Generar estándares de detección de operaciones sospechosas en materia de financiamiento de la política, al estilo de los que se utilizan en los casos de lavado de dinero.
  • Eliminar el secreto bancario, fiscal y el relativo a las investigaciones por lavado de dinero para el organismo electoral encargado del control del financiamiento político.
  • Prohibir expresamente en la ley de los aportes provenientes del crimen organizado y otras actividades delictivas. Aunque las prohibiciones en este caso no tienen un gran poder disuasorio frente a los aportantes, la inclusión expresa de la prohibición habilita la intervención del organismo encargado del control del financiamiento que no podrá ampararse en la falta de una norma o ámbito de competencia expresa.
  • Establecer la obligación de diligencia y vigilancia de los partidos políticos y candidatos para detectar el ingreso de fondos de origen sospechoso. Además de la inclusión de esta obligación en las normas que regulan el financiamiento político podría incluirse a los partidos entre los sujetos responsables obligados a denunciar operaciones sospechosas en las normas que regulan el lavado de dinero.
  • Facultar al órgano electoral a ordenar/requerir -según sea su naturaleza jurídica- el congelamiento de cuentas y activos de los partidos políticos que reciban fondos de procedencia sospechosa, así como de las cuentas y activos de los aportantes sospechados de vinculación con el crimen organizado.
  • Revisar las normas de pre-judicialidad, para evitar que el órgano encargado del control del financiamiento se ampare en la ausencia de resolución en otros procesos en un fuero diferente, para no resolver la aplicación de las normas sobre financiamiento.
  • Garantizar protección a los testigos y denunciantes.
  • Fortalecer los mecanismos de transparencia y publicidad de los informes sobre el financiamiento de los partidos y candidatos, de los informes de auditoría elaborados por el organismo de control, de las resoluciones del organismo de control y de la ejecución de la sanciones aplicadas, en su caso.
  • Terminar con la impunidad a través del establecimiento de un marco sancionatorio adecuado y de su aplicación efectiva. 

El crimen organizado representa uno de los principales desafíos para la gobernanza democrática no sólo por sus implicancias en materia de seguridad pública y crecimiento de la delincuencia, sino porque la captura del Estado por parte de estos grupos criminales pone en riesgo la legitimidad de los gobiernos, la representación democrática y los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Para enfrentar este flagelo, las normas son necesarias pero de poco servirán sin el compromiso de las autoridades y de la dirigencia para cortar los lazos de protección y servicio que los vinculan con grupos que actúan de diversa forma y con variado alcance al margen de la ley.

Para leer más sobre el tema:

* Ferreira Rubio, Delia (2015): "El crimen organizado y el financiamiento de la política. Desafíos y Propuestas. Caso 2014. El tráfico de efedrina" en PODER CIUDADANO: Corrupción y Transparencia. Informe 2014, Eudeba-Poder Ciudadano, Bs. As., julio 2015, Capítulo VIII, pp. 299-318.

http://www.poderciudadano.org/libros/CorrupcionyTransparencia-InformeAnual2014.pdf

 

 

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