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Regulemos el alquiler de vientre

Malena Rey
Bioeticista

Especializada en problemáticas de reproducción asistida. Docente de posgrado en la Universidad Isalud. 

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Sáb, 07-03-2015
La gestación por sustitución sufre un vacío legal en la Argentina. Esto quedó en evidencia en el caso reciente de una mujer mendocina imputada por “tornar incierto el estado civil de un niño” tras haber accedido a gestarlo para una pareja porteña. Esta práctica debería ser regulada por el Estado, porque los acuerdos de gestación por sustitución se realizan y se seguirán realizando.

La gestación por sustitución es un tipo de contrato por el cual una o más personas (por lo general, un matrimonio infértil), acuerdan con una mujer que ésta gestará un hijo para ellos, cediéndoles todos los derechos parentales. A pesar de que los acuerdos de gestación por sustitución representan un porcentaje muy bajo del número de nacimientos, su existencia plantea problemas éticos y legales muy significativos.

El conocido Informe Warnock de 1984, la principal munición de los partidarios de la prohibición de estos acuerdos, argumentó que quedar embarazada deliberadamente con la intención de dar al niño a otras personas distorsiona la relación entre madre e hijo, y que es inconsistente con la dignidad humana obtener un beneficio económico de la maternidad. Esta es también la posición de la Iglesia Católica, que parece haber influido en la decisión del Ejecutivo de retirar la reglamentación de estos acuerdos del nuevo Código Civil. En 2012, la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que la gestación por sustitución resultaba "agraviante a la dignidad de las mujeres y los niños", agregando que “el 'alquiler de vientres' degrada a la mujer gestante, arriesga a crear más desigualdad por la explotación para estos fines de mujeres pobres, y desconoce el profundo vínculo psicológico que se establece entre ella y el niño al que da a luz".

A la hora de analizar la permisibilidad moral y legal de los acuerdos de gestación por sustitución, nuestra primera preocupación debe ser el bienestar del niño por nacer. Si bien los estudios que analizan el impacto de la gestación por sustitución son escasos, la evidencia es tranquilizadora: está visto que este tipo de acuerdos no implican ningún tipo de daño ni a largo ni a corto plazo para los niños. El mejor estudio disponible, a cargo de un grupo de científicos de Cambridge, comparó el desarrollo psicológico y socio-emocional de niños concebidos mediante acuerdos de gestación sustituta, niños nacidos de donación de gametas y niños concebidos naturalmente, para concluir que no hay diferencias significativas entre ellos. Los niños concebidos por gestantes sustitutas, por lo tanto, no parecen haber sido afectados negativamente por las circunstancias de su nacimiento.

Con respecto a las preocupaciones frente a la gestante, debemos preguntarnos si no resulta francamente paternalista negar a una mujer la capacidad de analizar independientemente los costos sociales, emocionales y físicos de un embarazo para prestar su consentimiento libre y voluntario a la gestación por sustitución. Debe ser ella, y sólo ella, quien determine si gestar un niño para otra pareja es o no “degradante”, o si puede hacer frente a la posibilidad de desarrollar un vínculo emocional: arrogarnos ese derecho en una sociedad democrática es inaceptable.  

No puede dejar de reconocerse que la mayoría de las gestantes provienen de clases bajas, por lo que constituyen una población vulnerable; tienen más riesgo de ser explotadas si sufren privaciones económicas, si han tenido una educación limitada o si carecen de oportunidades para acceder a un empleo formal. Esta realidad indudable, sin embargo, no constituye de por sí un argumento que pueda utilizarse en contra de la legalización de este tipo de prácticas. En definitiva, es la ausencia de regulación la que facilita la explotación de las mujeres humildes. Un marco legal claro, que prohíba todo tipo de compensación económica más allá de los gastos médicos y que asegure que la gestante brinde su consentimiento informado y conozca todos sus derechos, ayuda mucho más a estas mujeres que la orfandad legal en la que se encuentran actualmente.

Los Estados tienen distintas alternativas frente a la gestación por sustitución. Una posibilidad es la regulación legal, que es tendencia en la legislación en todo el mundo. Aprobar leyes que reconozcan apropiadamente los contratos de gestación por sustitución permite establecer límites aceptables y así proteger a las partes. Por ejemplo, en general no se permite que las personas que desean criar al niño le paguen a la gestante más que sus gastos médicos y sus viáticos, se prohíbe que las mujeres que aún no tengan hijos propios sean gestantes sustitutas y se regulan los procesos por los cuales las partes brindan su consentimiento informado.

Otra alternativa es la asimilación a las leyes de adopción: de esta manera, la madre gestante da a su hijo en adopción a una pareja tras el nacimiento. Esta solución implica que el Estado reconoce a las gestantes sustitutas los mismos derechos que a las madres que deciden dar a sus hijos en adopción: por ejemplo, ofreciendo un tiempo para arrepentirse de haber cedido los derechos sobre el niño.

La situación en la Argentina, en cambio, se enmarca en lo que llamaríamos una ausencia de regulación. Los acuerdos de gestación por sustitución no están contemplados por ninguna legislación, pero esto no implica que sean ilegales. Nada impide, en principio, un acuerdo entre privados para pactar una gestación por sustitución, pero la filiación del niño nacido no está claramente delimitada y los derechos y obligaciones de los padres y la gestante no están claros.

Por estos motivos, es imperativo que la Argentina regule los acuerdos de gestación por sustitución. El vacío legal tiene consecuencias negativas para todos los que participan de la gestación, especialmente ante la posibilidad de un desacuerdo o la denuncia de un tercero: en esa situación, la filiación será decidida por un tribunal que establezca cuáles son los mejores intereses del niño. Mientras tanto, el niño nacido carece de filiación reconocida legalmente, se impone a las partes sufrir un proceso judicial agotador y el problema queda sin resolver en casos futuros.

Debemos aceptar que los acuerdos de gestación por sustitución se realizan y se seguirán realizando, independientemente de su estatus legal. La inmensa mayoría de ellos no se difunde; se pactan en secreto y se utilizan coimas o engaños para sortear los obstáculos legales que se presentan. Por estos motivos, no puede aceptarse el silencio estatal frente a esta cuestión, especialmente en un país en donde un mero trámite de adopción puede durar más de una década y en donde no hay otras alternativas para las parejas infértiles que sólo desean cumplir el comprensible sueño de ser padres.

Una legislación clara y rigurosa en la materia, que tome en cuenta los derechos de todos los involucrados, no puede más que traer beneficios, asegurando la protección de los niños concebidos, las gestantes y los padres genéticos.

 

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