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¿Quién le pone el cascabel al gato?

Aníbal Torres
Magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral

Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Magíster en Análisis, Derecho y Gestión Electoral por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Martin Wallach
Licenciado en Ciencia Política

Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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Mar, 25-04-2017
Con mayor o menor reconocimiento explícito de los actores políticos, ya estamos en el clima electoral. De hecho, por un lado, diversos análisis sobre la candente situación socioeconómica que atraviesa el país vienen realizando proyecciones sobre sus posibles impactos en los comicios de este 2017. Por otro, ya se difundió oficialmente el calendario electoral. 

Ciertamente no es poco lo que está en juego para el sistema político de nuestro Estado multinivel en un contexto nacional e internacional particularmente complejo. Dado que el gobierno del proceso comicial supone la interacción entre las agrupaciones políticas y las instituciones estatales, en este artículo realizaremos un abordaje que integre las estrategias comiciales de las elites políticas con las acciones de las agencias electorales. Y esto es así porque en los comicios no se trata solamente de poder elegir y ser elegido, sino también de las normas que regulan el juego político y de la capacidad institucional para aplicarlas sin sesgos, para lo cual hacen falta controles que garanticen que la renovación del vínculo democrático representativo se dé en condiciones justas y libres, es decir, íntegras.

Más aún, dado que esto se inserta en la endogeneidad entre los árbitros electorales y las elites políticas, no siempre son convergentes los intentos de unos y otros de “ponerle el cascabel al gato” de los comicios: la desconfianza entre las elites partidarias[1]. Ésta termina afectando a todos los actores si no se administra con eficiencia y eficacia, incidiendo negativamente sobre la legitimidad del regimen político.

Reparar en la desconfianza electoral en la actual coyuntura no es una cuestión intrascendente, ya que junto a otros referentes políticos, sectores del actual oficialismo deslizaron sus dudas sobre algunos aspectos organizativos de las elecciones presideciales de 2015, percepción  que, vale que lo recordemos, formó parte del núcleo de argumentos del proyecto de reforma electoral que fracasó en el Senado el año pasado y que el presidente Mauricio Macri reiteró en su discurso de inauguración de las sesiones legislativas en el Congreso Nacional el pasado 1º de marzo. Allí, el primer mandatario refirió que “es una vergüenza que en el siglo XXI sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa”;[2]  tales calificativos para un sistema electoral que, paradójicamente, permitió la alternancia en el Ejecutivo Nacional y la llegada de Macri a la Presidencia de la Nación.

Si bien por motivos diferentes, la cuestión de la “desconfianza” también viene recibiendo renovada atención en el contexto internacional, sea en los cruces entre democrátas y republicanos en la última elección presidencial de Estados Unidos, o en los procesos electorales de Holanda, Francia y Alemania, con operativos tendientes a evitar  “ciberataques” atribuidos, según las agencias de Inteligencia, al Kremlin.

De manera que, ante el primer proceso electoral que el Gobierno de Cambiemos tendrá que administrar junto a la Justicia Nacional Electoral y las otras agrupaciones políticas, resulta interesante preguntarse sobre los intentos que se vienen haciendo para “ponerle el cascabel al gato” de la desconfianza electoral.

En lo que sigue, por un lado, haremos referencia a las políticas púbicas que se vienen formulando desde los organismos involucrados en la gobernanza electoral. Por otro, vamos a considerar tanto las diferentes estrategias que los actores políticos vienen desplegando no sólo para mejorar sus posibildades ante los electores sino también para un mejor desempeño de la fiscalización comicial, como así también el uso del calendario electoral en este año por parte de los gobernadores.

 

El involucramiento estatal en la administración de las elecciones 2017

Como se recordará, sin el aval de los senadores peronistas se cayó el proyecto de reforma política articulado desde el discurso modernizador en favor de la adopción del voto electrónico  –que, impulsado por el oficialismo, contaba con media sanción en Diputados-. Sin esa reforma tampoco prosperó la paridad de género y la promesa del Ejecutivo de cederle a la Cámara Nacional Electoral (CNE) el control del recuento provisorio. No obstante, a fines de enero de este año reapareció el activismo judicial en la gobernanza electoral nacional. Y esto debido a que, según trascendió a través de la prensa y de la propia CNE, las preocupaciones de los funcionarios del Fuero Electoral están vinculadas con a) la modernización de los registros electorales, b) la “seguridad informática de todos los sistemas, la infraestructura tecnológica y los servicios web que opera la Justicia Nacional Electoral”[3] y c) la implementación de un sistema de biometría para verificar la identidad de los votantes. A esto cabe agregar dos cuestiones nada menores y que han sido esgrimidas en elecciones anteriores: d) el instrumento de emisión del sufragio y e) las partidas presupuestarias para poder implementar las reformas. 

Con relación a estas cuestiones, los magistrados, por un lado, emitieron tres acordadas que conciernen directamente a la administración electoral en 2017. En el primero de estos documentos, recordando que “el Estado tiene un interés eminente en preservar la ‘integridad’ del proceso electoral” y que “durante los últimos diez años esta Cámara ha venido advirtiendo la necesidad de reflexionar sobre la conveniencia de modificar el sistema de boletas partidarias”, los camaristas solicitaron al Ejecutivo iniciativas para la adecuada provisión de las boletas de sufragio[4]. En la segunda acordada, los magistrados dispusieron medidas como la trazabilidad de los útiles electorales(urnas, padrones, bolsines, las cajas de útiles y materiales), la identificación del personal afectado a los comicios y el monitoreo de las operaciones, el relevamiento de las condiciones de los centros de votación, el pago a los ciudadanos que se desempeñen como autoridades de mesas (para evitar la deserción de las mismas) y al personal afectado, el control del retiro de las urnas, y señalamientos respecto a la confección de los padrones. Todo esto supone articular directa e indirectamente las acciones con agencias estatales nacionales y provinciales, desde la Dirección Nacional Electoral y las Secretarías Electorales de los Juzgados Federales con competencia electoral, hasta los Ministerios de Educación provinciales[5]. En la tercera acordada[6], se establecieron “los requisitos y condiciones mínimas para la realización del escutinio provisorio”, que incopora la digitalización de las actas/telegramas desde los centro de votación. Además, se habilita incrementar la fiscalización partidaria y la trazabilidad del proceso, y se establece que la difusión de resultados deberá comenzar no más allá de las 21 horas.

Globalmente, tales políticas electorales se formulan desde el argumento de incrementar la “integridad electoral”, teniendo en consideración los criterios de celeridad, transparencia y seguridad, intensificando por lo demás, medidas ya dispuestas en 2015.

Por el otro lado, los camaristas  iniciaron gestiones ante el Consejo de la Magistratura, en lo que hace al presupuesto del Fuero Electoral dentro del Poder Judicial de la Nación y a la incoporación de tecnología comicial, sobre todo a partir del inerés en adoptar otra innovación en el proceso electoral de este año: la identificación biométrica en unas 1000 mesas ubicadas a 50 km de la frontera norte del país, para evitar el “doble voto”. Esto demanda no sólo articular esfuerzos con áreas de Ejecutivo Nacional, particularmente los Ministerios de Interior, Justicia y Seguridad (con la Gendarmería y la Prefectura), sino también acordar con las autoridades de Paraguay el cruce de datos registrales[7].

 

La administración electoral 2017 como proceso político partidario

Como complemento a las acciones de la elite judicial y las referidas articulaciones con las agencias estatales, debemos considerar el rol de las elites partidarias nacionales y provinciales en la administración electoral (con las negocaciaciones oficialismo-oposición). Esto se debe a que el federalismo argentino habilita una configuración institucional que se ubica dentro de la categoría de “gobernanza electoral multinivel”[8], con actores interdependientes y que compiten entre sí, lo cual favorece el control mutuo y la capacidad institucional. El hecho de que en nuestro país existe una democracia de partidos, supone que son ellos los que pueden canalizar las demandas de los electores (al tener el monopolio de las candidaturas) y quienes participan activamente en la fiscalización de los sufragios, como tempranamente lo habilitó la reforma política de 1873. Tras la crisis de 2001 en Argentina se fragmentó la vieja estructura bipartidista (Partido Justicialista – Unión Cívica Radical) que imperó –con interrupciones- desde 1945 hasta 1999. Aquella arquitectura garantizaba el control mutuo en los actos comiciales. Dos partidos de alcance nacional, con intereses superpuestos y con un objetivo común: ganar elecciones.

La crisis económica, social y política más grande de nuestra historia tuvo como consecuencia institucional la atomización del sistema de partidos, que a su vez, derivó en un debilitamiento al momento de “contar los porotos”. El PJ fue el principal sobreviviente de la crisis y quien pudo mantenerse en pie en (relativas) mejores condiciones. No obstante, la UCR mantuvo peso específico en el interior del país, que le permitió conservar un importante bloque legislativo durante los últimos quince años. Esta estructura partidaria, que observa ciertos signos de recuperación, fue la que mayormente prestó los servicios de fiscalización en la última elección presidencial a la coalición electoral que la UCR formó con la Coalición Cívica y el PRO.

En este contexto, podemos señalar que el Ejecutivo Nacional conducido por Cambiemos viene intentando recuperar la iniciativa en materia de administración de la desconfianza electoral con dos estrategias: en primer lugar acompañar a la CNE en su propuesta del control biométrico para evitar el “doble voto” en el norte del país, y adoptar el “cuarto oscuro complementario”, con el objetivo de evitar el faltante de boletas en los centros de votación. En segundo lugar intervenir en la designación de actores del proceso electoral. En concreto, lograr que finalmente se supere la oposición a entregar al juez Juan Manuel Culotta la subrogancia del estrátegico Juzgado federal con competencia electoral de La Plata, puesto al cual renunció María Servini de Cubría, en medio de denuncias de presiones del oficialismo y demoras en la actualización del padrón de electores en ese distrito clave. Además, poner particular atención en la nominación que se haga en la actual vocalía vacante en la CNE, y recurrir a la licitación internacional tanto para la impresión del padrón electoral como para el servicio del recuento provisorio y difusión de resultados, de manera de correr con esto último a la empresa española Indra.

Las gestiones estatales y partidarias que referimos tienen que ver con que en 2017 se elegirán 24 senadores nacionales y 127 diputados nacionales; ambas renovaciones parciales conformarán las Cámaras con las que el gobierno de Mauricio Macri deberá afrontar la segunda parte de su mandato 2015-2019.[9] Los senadores nacionales que se renuevan son aquellos que fueron elegidos en 2011, mientras que la mitad de la Cámara de Diputados Nacionales que finalizan sus mandatos son los que fueron elegidos en 2013.

Hay un elemento que es muy claro: el peronismo es quién más bancas pone en juego, tanto en en la Cámara alta como en la baja, y en segundo lugar la UCR, que hoy es parte de una coalición de gobierno muy sui generis; no obstante el principal desafío para el oficialismo es lograr el mayor número de bancas en ambos recintos para, de este modo, morigerar el alto grado de negociación que tuvo que mostrar para aprobar los proyectos de ley que impulsó, y que incluyó la –por ahora fallida- reforma política que hemos referido[10].

Junto a la elección de dichos cargos nacionales, este año también se renovarán 73 senadores provinciales (en Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Mendoza, Salta y San Luis), 323 diputados provinciales (en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, CABA, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Luis y Santiago Del Estero) y 2 gobernadores (en Corrientes y Santiago del Estero).

Más allá de que la CNE se pronunció en contra de la proliferación de fechas, argumentando que trae “dificultades de orden institucional, jurídico y material”[11] –reviritiendo lo que el Tribunal había dicho años atrás-, la decisión de adherir o no al regimen de simultaneidad para la elección de los cargos nacionales junto con los provinciales (en sí un mecanismo que se riñe con el federalismo), en algunos casos está determinado por las constituciones provinciales, y en otros son definiciones de los distintos gobiernos provinciales, quienes evalúan estratégicamente las conveniencias que implican integrar o separar las arenas de competencia política.

¿Qué es lo que tiene en cuenta un gobierno provincial a la hora de tomar esta decisión?: la marcha de la gestión nacional, la gestión de la provincia y cómo ello beneficia o perjudica la suerte del gobierno nacional y su propia gobernabilidad; históricamente situados, la astucia y el cálculo estratégico sobre cuáles son las tracciones en una boleta y qué se privilegia a la hora de sufragar (si temas relacionados a lo nacional o a lo local) son los ingredientes que se consideran al momento de estipular una fecha para realizar los comicios. Además, un aspecto relevante que suele olvidarse, dicha definición respecto al calendario electoral también depende de la capacidad institucional de la provincia para hacer frente a la administración de la elección, donde no han faltado tanto conflictos como cooperaciones entre las jurisdicciones nacional y provincial. 

A modo de ejemplo, en 2013 tanto Corrientes como Santiago del Estero decidieron desdoblar sus elecciones con respecto a las nacionales. Corrientes adelantó un mes y medio la elección de su primer mandatario provincial y Santiago del Estero consagró a su primera gobernadora 35 días después de las elecciones legislativas nacionales. En un contexto (el de 2013) en que el kirchnerismo no gozaba de una gran popularidad, el desdoblamiento fue funcional a la reelección del gobernador correntino, y a la por entonces primera dama, para ser elegida gobernadora de Santiago del Estero. A su vez, también en 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, con un gobierno local fuerte, la unificación de la elección a Diputados nacionales y legisladores porteños le brindó al PRO un resultado contundente: 34,46% en la categoría de legisladores nacionales y 5 escaños, redundó en un 33,58% en la categoría de legisladores locales y 12 de las 30 bancas que se renovaban en la legislatura porteña.

 

A modo de conclusión

De cara a las próximas elecciones, es importante tener en cuenta el carácter “multinivel” de la gobernanza electoral de Argentina y el proceso histórico político que la atraviesa. Así, los intentos de “ponerle el cascabel al gato” de la desconfianza, se nos revelan como el despliegue de políticas públicas electorales anidadas, tanto de las agencias estatales (en particular desde el activismo judicial) como de las elites partidarias, sea en en nivel nacional (con regulaciones y negociaciones sobre los árbitros electorales), sea en la decisión de los gobernandores de converger o desdoblar las elecciones locales de las nacionales (de acuerdo a la conveniencia y la capacidad institucional). Todo esto, según vimos, puede tener un impacto político significativo a la hora de administrar la desconfianza de las elites en el conteo los sufragios, y algo que puede parecer una cuestión meramente administrativa, en manos de la burocracia comicial, esconde en realidad un elemento político sustancial y que es parte de las estrategias electorales de los actores. Al fin de cuentas, la eficaz y eficiente adminitracion de la desconfianza, dependerá de si se logra o no la cooperación y el control mutuo entre agrupaciones políticas y agencias estatales para, en definitiva, “ponerle el cascabel al gato”.


Anexos:

Renuevan Senadores nacionales 8 provincias:

  • Buenos Aires
    • Aníbal Fernández / Juan Manuel Abal Medina (FPV)
    • María Laura Leguizamón (FPV)
    • Jaime Linares (FAP)
    • Formosa
      • María Graciela de la Rosa (FPV)
      • José Miguel Ángel Mayans (FPV)
      • Luis Carlos Petcoff Naidenoff (UCR)
      • Jujuy
        • Walter Barrionuevo (FPV)
        • Liliana Fellner (FPV)
        • Silvia del Rosario Giacoppo (UCR)
        • La Rioja
          • Hilda Aguirre (FPV)
          • Teresita Luna (FPV)
          • Carlos Menem (FyL)
          • Misiones
            • Salvador Cabral (FPV)
            • Juan Irrazábal (FPV)
            • Sandra Giménez (FR Concordia)
            • San Juan
              • Ruperto Godoy (FPV)
              • Marina Raquel Riofrío (FPV)
              • Roberto Basualdo (Compromiso Federal)
              • San Luis
                • Daniel Pérsico (FPV)
                • Adolfo Rodríguez Saá (Justicialista San Luis)
                • Liliana Negre de Alonso (Justicialista San Luis)
                • Santa Cruz
                  • Virginia García (FPV)
                  • María Ester Labado (FPV)
                  • Alfredo Martínez (UCR)

 

2 gobernadores:

Corrientes: Ricardo Colombi (Encuentro por Corrientes – UCR)

Santiago Del Estero: Claudia Ledesma Abdala (Frente Cívico por Santiago)

 

 




[1] Como se refiere en Escolar, Marcelo (2010): “La política de la reforma: notas sobre el sistema de partidos y la gobernanza electoral”, en  La reforma política en Argentina, Buenos Aires, Jefatura de Gabinete de Ministros-PEN.

[3] Comunicado CNE del 6/2/2017. 

[6] Acordada extr. 03/17

[8] Como ha sugerido Marcelo Escolar denominar a configuraciones de gobernanza electoral donde las funciones comiciales están repartidas entre diferentes niveles de gobierno.

[9] En el anexo se puede consultar quiénes renuevan sus bancas.

[10] Y que se apuesta a reflotar, sobre todo en la delicada cuestión del regimen de financimiento político.

[11] Acardada 110/15.

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