Bastion Digital Argentina

Leé mejor, mirá diferente

Ingresá con

Por qué Clarín tiene pocas chances en los tribunales internacionales

Leonardo Limanski
Asesor de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

-A A +A
Jue, 31-10-2013
El Grupo Clarín tiene muy pocas posibilidad de hacer prosperar un reclamo en sede internacional. Aunque existe total libertad para presentar una denuncia ante la CIDH, ya que el trámite para presentarla es relativamente sencillo, es difícil que sea admitida y resuelta favorablemente. 

En las siguientes líneas intentaré explicar porque, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte y Comisión Interamericana, el Grupo Clarín no podría lograr una sentencia favorable en sede internacional, más allá de tener la libertad de intentarlo.

La pre-selección de casos 

No cualquier persona puede recurrir ante la Corte Interamericana de DDHH sino que única y exclusivamente pueden hacerlo la Comisión y los Estados. El artículo 61 de la CADH dispone que sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.

Es decir que el Grupo Clarín debería iniciar una denuncia ante la Comisión Interamericana, alegando la violación a la libertad de expresión y esperar a que la comisión resuelva admitir su denuncia y enviarla a la Corte IDH. Valga una aclaración: no todos los casos llegan a la Corte IDH, ni todos los casos presentados son resueltos.

A diferencia del Tribunal Europeo que ha decidido abrir la posibilidad a particulares de realizar denuncias particulares, lo que le ha valido el desborde y retraso en mucho de su trabajo, en el ámbito interamericano la Comisión opera como un filtro previo que decide qué casos serán resueltos por la Corte y qué casos no.

No es una cuarta instancia

La sede internacional no opera como un tribunal revisor de lo decidido en la sede interna, sino que únicamente puede intervenir cuando exista una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH - Pacto de San José de Costa Rica).

En general, resulta relativamente accesible la sede internacional invocando la violación de los artículos 8 y 25 de la CADH, conocidos como garantías judiciales. En este sentido debo decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Marzioni (INFORME Nº 39/96 CASO 11.673) ha afirmado que:

La protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad, pero nunca la garantía de un resultado favorable.  En sí mismo, un resultado negativo emanado de un juicio justo no constituye una violación de la Convención. 

En el Caso de La Tablada (INFORME Nº 55/97. CASO 11.137), la Comisión también ha afirmado que:

La Comisión es competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso, o que presumiblemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención Americana.  Si, en cambio, se limita a afirmar que el fallo fue equivocado o injusto en sí mismo, la petición debe ser rechazada conforme a la fórmula arriba expuesta.  La función de la Comisión consiste en garantizar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención Americana, pero no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.  Un examen de tal naturaleza solamente correspondería en la medida en que los errores resultaran en una posible violación de cualquiera de los derechos consagrados en la Convención Americana.  

No se ha puesto en duda que el Grupo Clarín haya tenido la posibilidad de acceder a la justicia argentina. De hecho ha logrado protección judicial con una medida cautelar, y su caso ha sido revisado por todas las instancias nacionales llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previa audiencia pública.

En síntesis, no se puede alegar violación a ningún tipo de garantía judicial, máxime cuando su caso ha sido resuelto tiempo antes que muchos otros fallos que esperan su resolución en los cajones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace más tiempo.

Ahora bien, considerando que la Corte Interamericana no podría intervenir por esta razón, cabe analizar si ha existido alguna otra violación posible de ser alegada ya que la Comisión en el citado caso Marzioni ha dicho:

La premisa básica de esa fórmula es que la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad de que se haya cometido una violación de la Convención. 

La única vía de escape que le queda al Grupo Clarín sea quizás la más difícil y controvertida: demostrar que se ha violado el artículo 13 de la CADH en cuanto prohíbe restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Esta misma violación que deberá alegar, es aquella en la que la Corte expresamente afirmó que no había podido demostrar.

La diferencia entre personas físicas y personas jurídicas

El artículo 1.2 de la CADH afirma que para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. No cabe duda que el Grupo Clarín no encuadra dentro de esta definición, pero que de todos modos la sociedad está compuesta en definitiva por seres humanos.

En el Caso Mevopal S.A. la Comisión analizó si tiene competencia para examinar una petición donde la presunta víctima es un ente con personalidad jurídica, en este caso sería el Grupo Clarín S.A. Al dar respuesta a tal interrogante, la Comisión ha sido contundente afirmando que:

de acuerdo al segundo párrafo de la norma transcrita, la persona protegida por la Convención es "todo ser humano", --en inglés "every human being" y en francés "tout etre humain". Por ello, la Comisión considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material. Esta interpretación se confirma al verificar el verdadero significado que se le atribuye a la frase "persona es todo ser humano" con el texto del Preámbulo de la Convención, el cual reconoce que los derechos esenciales del hombre "tienen como fundamento los atributos de la persona humana" y reitera la necesidad de crear condiciones que permitan a cada persona "realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria".

Asimismo, la Comisión deja en claro que entiende que tras las personas jurídicas existen seres humanos que pueden ser víctimas de violaciones a los DDHH, pero que sin embargo eso debe ser alegado, probado y agotados sus recursos internos. En este caso, los accionistas del Grupo Clarín no han agotado sus recursos internos, ya que en ningún momento se han presentado por derecho propio alegando la violación de la libertad de expresión, razón por la cual se podrían considerar no agotados los recursos internos.

Por último, debo mencionar que en el caso Cantos Vs. Argentina (excepciones preliminares) se trató una temática similar, y la Corte afirmó que: los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación.  A renglón seguido, habilita la posibilidad de que los integrantes de las personas jurídicas puedan recurrir a la Corte IDH si existe violación a sus derechos fundamentales, en los siguientes términos: esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho.

La Corte menciona que dicha acción podrá prosperar, un supuesto muy particular considerando que los recursos administrativos y judiciales hayan sido interpuestos en nombre y por derecho propio de la persona física, además de haberlo hecho por representación de la empresa.

Es decir que la Corte ha exigido el agotamiento de la vía interna por parte de las personas físicas, situación que no ha sucedido en la causa interpuesta por el Grupo Clarín.

En síntesis y según como ha sido tramitada y resuelta la causa en los tribunales argentinos, considero que el Grupo Clarín tiene muy pocas posibilidad de hacer prosperar un reclamo en sede internacional. Sin embargo, debo decir que existe total libertad para presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de DDHH ya que el trámite para presentarla es relativamente sencillo, lo difícil es que sea admitida y resuelta favorablemente. 

Fuente imagen: Wikipedia 
Danos un "Me gusta" en Facebook y seguinos en Twitter.
Registrate para hacer comentarios y recibir nuestra newsletter.
Si vos también tenés algo que decir, decilo en BASTION Digital

  • nah
  • mmm
  • aprobada
  • aplausos
  • ovación

Más en Bastión

BASTION en el mundo