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Gabriel Salvia
Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América latina (CADAL)

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Mié, 04-02-2015
Al mismo tiempo que el Gobierno argentino presume de un liderazgo internacional en materia de derechos humanos, visita China ignorando las denuncias de las principales organizaciones internacionales sobre ese país, que incluyen control y censura total a los medios de comunicación, persecución a activistas, encarcelamientos sin fundamento legal, y tortura. En un año de elecciones es necesario sincerar la política exterior en derechos humanos.

Hay muchas razones para alertar sobre las inversiones chinas en la Argentina, desde lo económico hasta lo laboral, ambiental e institucional. Pero, además, hay un aspecto en particular sobre el cual llamar la atención: la situación interna de los derechos humanos en China.

Es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presume de un liderazgo internacional de la Argentina en materia de derechos humanos, por lo cual no puede ignorar lo que denuncian las principales organizaciones internacionales sobre el gigante asiático.

Por ejemplo, el capítulo sobre China del reciente informe anual de Human Rights Watch destaca el control y la censura total a los medios de comunicación, la persecución a activistas y el acoso a sus familiares, detenciones arbitrarias, encarcelamientos sin fundamento legal, tortura, y negación de acceso a un tratamiento médico adecuado, lo cual incluyó la muerte de la activista Cao Shunli. Asimismo, se menciona el encarcelamiento de nueve personas por su participación en el nuevo Movimiento Ciudadano - incluyendo su fundador, el jurista Xu Zhiyong, y las detenciones del abogado Pu Zhiqiang y el periodista Gao Yu en el marco de los 25 años de la masacre de Tiananmen. Por su parte, Dhondup Wangchen, que había sido encarcelado por su participación en la filmación de un documental clandestino en las áreas tibetanas, fue puesto en libertad después de seis años de prisión.

Es decir, no se puede alardear en un tema tan sensible y visitar China como si nada. Aunque casi todos los países privilegian las relaciones económicas con China, el caso argentino se caracteriza por la contradicción de vanagloriarse como un ejemplo para el mundo en materia de derechos humanos.

Puro relato, pues el gobierno de CFK ha sido más amigo de los dictadores que aliado incondicional de los defensores de los derechos humanos. Además de esta nueva gira oficial a China, lo demuestran los discursos presidenciales y fotografías disponibles en el sitio web de la Casa Rosada de sus encuentros con déspotas eternizados en el poder, incluyendo a los que con posterioridad a su visita cayeron luego de revueltas populares.

Sin embargo, en un año de elecciones presidenciales, tanto para el kirchnerismo como para la oposición se hace necesario sincerar la política exterior en derechos humanos y aquí China representa un gran desafío.

Al respecto, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) se encuentra implementando el Barómetro Legislativo sobre "Propuestas para la Agenda Política, Económica y Social 2014-2015", una encuesta de opinión a diputados y senadores nacionales que en esta oportunidad incluye cinco preguntas y una de ellas es sobre la situación de los Derechos Humanos en China. Allí se les plantea a los legisladores si están de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes opciones:

-La situación de los DDHH en China debe formar parte en la relación bilateral y como política común del MERCOSUR por el liderazgo internacional que tiene Argentina en DDHH.

-Se debe incluir un diálogo con China sobre su situación en DDHH, pero en el ámbito del MERCOSUR.

-No se debe incluir en las relaciones con China un diálogo sobre su situación en DDHH porque debe prevalecer en la política exterior argentina el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países.

-No se debe incluir en las relaciones con China un diálogo sobre su situación en DDHH porque no lo hace ningún país de América Latina.

Si en el futuro la Argentina realmente quiere convertirse en un país líder internacional en derechos humanos debería entonces establecer una política de estado, consensuada por un amplio espectro partidario, a través de una iniciativa legislativa que, por ejemplo, adopte la opción una o dos a la pregunta formulada en el Barómetro Legislativo.

En cambio, si se adhiere al pragmatismo que prioriza el interés nacional económico en detrimento de la dignidad de la persona humana como sujeto principal de las relaciones internacionales, entonces la clase política argentina puede escudarse en alguna de las dos últimas respuestas y renunciar así a la defensa de los derechos humanos.

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