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Ni autoflagelantes, ni autocomplacientes

Hernán Flom
Politologo

Doctorado en Ciencia Politica, Universidad de California de Berkeley. Postdoctorado del Kellogg Institute, Universidad de Notre Dame. 

Belén Fernández Milmanda
Socióloga (UBA), Master en Ciencia Política (UTDT).

Ph. D. Candidate, Government Department,  Harvard University. Estudiante Asociada al David Rockefeller Center for Latin American Studies. Estudia la participación política de los empresarios en América Latina.

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Mié, 02-08-2017
En un artículo aparecido recientemente en La Nación, los politólogos Andrés Malamud y Leiv Marsteintredet nos proponen a los analistas políticos de A.L dejar de auto-flagelarnos al comparar nuestros sistemas de gobierno con aquellos de EE.UU o Europa. En la presente nota, Belén Fernández Milmanda y Hernán Flom le responden.  

En un artículo aparecido recientemente en La Nación, los politólogos Andrés Malamud y Leiv Marsteintredet nos proponen a los analistas políticos de Latino América dejar de auto-flagelarnos al comparar nuestros sistemas de gobierno con aquellos de Estados Unidos o Europa. Los presidentes latinoamericanos, plantean, no son tan fuertes como todo el mundo cree ni nuestras democracias tan débiles ya que existen efectivos controles a la capacidad de los presidentes latinoamericanos de entronizarse en el poder. Según Malamud y Marsteintredet, los gobiernos latinoamericanos no son “hiperpresidencialismos” por dos razones: (a) porque los presidentes no permanecen indefinidamente en el poder, pudiendo ser removidos de sus cargos por movilizaciones callejeras o juicio político, y (b) porque, concluidos sus mandatos, muchos terminan presos o exiliados.

Este razonamiento presenta al menos dos grandes problemas. Primero, parte de una visión incompleta sobre dónde yace el poder presidencial, entendiéndolo exclusivamente como la capacidad del líder de continuar en el poder (ya sea vía reelección o designación de un sucesor). Segundo, equipara soluciones institucionales y no institucionales a las crisis de gobierno, como si éstas fueran igualmente deseables, desconociendo los costos (económicos y sociales) de las últimas.

La existencia o no de hiperpresidencialismo debe medirse no tanto por la capacidad de los presidentes latinoamericanos de continuar en el poder, sino por lo que efectivamente pueden hacer mientras detentan su cargo, cosas con las que ni siquiera soñarían los presidentes estadounidenses o los primeros ministros europeos.

En primer lugar, ostentan la capacidad para cambiar las reglas del juego político, incluso las más básicas. El politólogo Gabriel Negretto señala que en América Latina las Constituciones cambian más frecuentemente que en cualquier otra región del mundo. Menem, Chávez, Morales, Uribe y Correa, entre otros, modificaron las reglas para extender sus mandatos. Fujimori y Ortega recurrieron a métodos inconstitucionales. En ese sentido, la conclusión de que los presidentes latinoamericanos no son fuertes porque no pueden eternizar su mandato, basada en algunos ejemplos fallidos, parece por lo menos caprichosa. En segundo lugar, los presidentes latinoamericanos tienen mucha mayor capacidad de moldear la política doméstica unilateralmente que sus pares norteamericanos. Pensemos, por ejemplo, cuánto tardaron Menem o Kirchner en privatizar y re-estatizar, respectivamente, el sistema previsional argentino, y cuánto costó a Obama, y ahora a Trump, aprobar módicos cambios al sistema de salud.

Respecto de la existencia de contrapesos efectivos al “hiper-poder” presidencial, Malamud y Marsteintredet mencionan tres: el Congreso, la justica, y las movilizaciones ciudadanas. Sin embargo, utilizando los mismos ejemplos, se exponen las limitaciones de estas instituciones y mecanismos para restringir al Poder Ejecutivo. El Poder Judicial rara vez investiga, y menos sanciona, a los presidentes latinoamericanos durante su mandato. En el mejor de los casos, mucho tiempo después. Fujimori está preso ahora, pero mientras fue presidente llegó hasta liderar un autogolpe para cerrar el Congreso.

En cuanto a la capacidad de control del poder legislativo, la región presenta mayor variación. En Brasil, por ejemplo, el poder de negociación del legislativo se ve incrementado por la indefectible necesidad del presidente de armar un gobierno de coalición, debido a la fragmentación del sistema de partidos, lo cual no ocurre en varios otros países donde las mayorías parlamentarias son más fácilmente obtenibles. Sin embargo, lo cierto es que, en Latinoamérica, los presidentes tienen la iniciativa legislativa. En otras palabras, los congresos discuten las leyes que interesan al Ejecutivo. Incluso el poder reactivo del Legislativo es acotado. El ejemplo elegido por Malamud y Marsteintredet para ilustrar la capacidad del congreso de limitar el “hiper-poder” presidencial, la derrota en el Congreso de la resolución 125, no parece el más adecuado. Primero, el Congreso recién intervino cuando la presidente Cristina Kirchner, reaccionando a la presión popular, decidió enviar el proyecto al recinto. Segundo, quien infligió la derrota al proyecto de ley desempatando el voto fue un miembro del poder ejecutivo: el vicepresidente, proveniente de otro partido.

Una de las ideas más peligrosas, a nuestro entender, del artículo de Malamud y Marsteintredet, es considerar a la movilización ciudadana como un freno deseable o efectivo al poder presidencial. Los autores citan el trabajo de Hoschestler y Pérez Liñán, quienes argumentan que el juicio político y las movilizaciones populares pueden funcionar como vías de recambio gubernamental análogas al voto de no confianza en los sistemas parlamentarios. Este argumento discute con el clásico trabajo de Juan Linz, quien problematizaba la rigidez de los presidencialismos, señalando que no existe mecanismo institucional para reemplazar a un gobernante inefectivo o impopular hasta tanto no se cumpla su mandato, salvo el juicio político.

Sin embargo, este argumento desconoce que este tipo de salidas conlleva altos costos, no solo de inestabilidad política y económica, sino de vidas humanas. Retomando los ejemplos de Malamud y  Marsteintredet, en Venezuela el Caracazo provocó miles de muertos mientras que las manifestaciones contra Maduro ya se han cobrado cientos, pese a lo cual el gobierno persiste y la democracia se extingue. En Argentina, decenas de personas fueron asesinadas en las protestas que precedieron a la renuncia de De la Rúa en 2001. Lo propio puede decirse de las salidas del poder de presidentes bolivianos y ecuatorianos. A diferencia del voto de desconfianza a un primer ministro, las interrupciones presidenciales latinoamericanas son acompañadas por crisis económicas y violencia social, justamente porque son soluciones de última instancia, cuando los frenos constitucionales no funcionan. En ese sentido, no parece prudente, ni justo, considerarlas como un elemento parlamentario del sistema presidencialista o argüir que constituyen una muestra del buen funcionamiento del mismo.

No todos los gobiernos de la región son democracias débiles ni mucho menos autoritarismos presidenciales, pero el hecho de que los presidentes latinoamericanos no puedan hacer siempre lo que quieran no es una prueba de fortaleza institucional en la región. Hiper-poderosos o no, muchos presidentes latinoamericanos aún conviven con un poder judicial servil y un legislativo aletargado, dejando a la ciudadanía pocos espacios para frenar sus ambiciones, salvo mecanismos potencialmente violentos que poco contribuyen a la estabilidad institucional y al fortalecimiento de la democracia.

 

 

*Respuesta al artículo de Andrés Malamud en LN

 

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