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Las fallas lógicas de “Precios Transparentes”

Ignacio Esteban Carballo
Magíster Universidad Autónoma de Madrid

Especialista en Inclusión Financiera. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con título cum-laude y magíster por la Universidad Autónoma de Madrid del International Master in Microfinance for Entrepreneurship (actual máster en Microfinanzas e Inclusión Financiera) con diploma de honor mediante beca otorgada por la Fundación Carolina. Posee certificados de Analista en Microfinanzas por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y UNED de España y de Experto en Microfinanzas (CEMF) por la Frankfurt School of Finance & Management, Alemania. Es profesor de grado en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del curso de Posgrado en Inclusión Financiera, Microfinanzas y Desarrollo de la UCA. Es a su vez, doctorando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

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Mar, 28-03-2017
Dentro de la teoría económica, uno de los debates más álgidos y antiguos es aquel en torno a la formación de precios y su composición. Tanto es así, que previo al nacimiento de la economía como disciplina en el siglo XVIII, los tópicos inherentes al valor de los bienes y servicios fueron los primeros en despertar reflexiones entre los filósofos de aquella época ¿Cómo se determina el valor de una mercancía? ¿Por qué el precio de un bien sube o baja? ¿Cuál es la influencia de la demanda y la oferta en la dinámica del valor y la ganancia del comerciante? Son sólo algunas de las interrogantes en discusión desde mucho antes de aquel mítico The Wealth of Nations publicado en 1776 por Adam Smith.

No obstante, y aunque la dinámica de precios sea uno de los temas históricamente más estudiados, a la fecha aún prima la falta de consensos y confusiones (tanto semánticas como conceptuales) generando su triste correlato en la política pública. Este reflejo directo en las medidas políticas de los gobiernos muchas veces surge como consecuencia de creencias teóricas arraigadas, casi dogmáticamente, sobre escenarios plausibles no comprobados empíricamente. En otras palabras, es recurrente la implementación de medidas que en su espíritu dan por sentado fuertes y controvertidos supuestos respecto de la vorágine económica y sus agentes. Un claro ejemplo de ello es la historia del plan “Precios Transparentes”.

Repasemos, la medida implementada el mes de febrero obligó a los comercios a diferenciar el valor del producto al contado de la opción en cuotas, separando el costo de financiación (CFT) y eliminando las afamadas “cuotas sin interés”. El impacto esperado era bajar los precios entre un 15% y 20% al contado mientras que la opción en cuotas mantendría el valor original del producto. Su justificativo, el supuesto (no comprobado) de que los comercios inflaban los precios al contado incluyendo los intereses teóricamente no incorporados en el esquema de cuotas sin interés.

A más de un mes y medio de su implementación, los resultados de “Precios Transparentes” estuvieron muy lejos de lo esperado. Los cambios en los precios al contado apenas habrían bajado en torno al 4% mientras que el financiamiento para comprar en cuotas se habría disparado, en algunos casos hasta a un 70%. Las consecuencias, que sólo el 9% de las transacciones se hicieron con crédito (el 91% en débito), las ventas totales con tarjeta (de crédito y débito) se desplomaron un 30%, la cantidad de transacciones un 28.3% y las compras a crédito se concentraron en un 73.9% en una sola cuota.

En resumidas cuentas, un alarmante detrimento del crédito con una fuerte contracción del consumo y sin la afamada reducción de precios al contado. Frente a este estrepitoso fracaso que empujó a sus gestores a contemplar la reincorporación de las cuotas sin interés y reajustar la medida de manera integral días atrás, cabe preguntarse ¿En dónde se encontraron las fallas lógicas del programa? ¿Cuál fue el escenario no contemplado o los supuestos asumidos que no se materializaron en los hechos?

A priori, podemos señalar dos fuertes presunciones (ambas de índole teórica) que se asumieron como ciertas de manera, como mínimo, apresurada. La primera, fue dar por sentado que los precios contemplan una tasa de ganancia que los comerciantes no están dispuestos a resignar, incluso en tiempos difíciles. La segunda, consistió en ignorar la rigidez nominal a la baja de los precios (en teoría económica “Price Stickiness”), asumiendo que los comerciantes bajarían los precios al contado y resignarían la posibilidad de ver incrementados sus flujos de ingreso en el corto plazo.

Con respecto a la primera falla, los gestores de la política afirmaron que los CFTs de las cuotas sin interés estaban volcados en los valores al contado. En otras palabras, se asumió que antes de resignar la tasa de ganancia que implicaría asumir el costo de financiamiento, los comerciantes inflarían el valor al contado. Lo cierto es que dicha afirmación (sin un riguroso estudio de campo) es languideciente.

No hay motivos lógicos para afirmar que en un contexto macroeconómico con 14 meses consecutivos de caída del consumo, una marcada reducción de los costos fijos reflejada en despidos de personal, y ausencia generalizada de inversiones, el sector comercio no resignará su margen de ganancia para prevalecer en el mercado. O, lo que es lo mismo, no hay motivos para afirmar que un comerciante frente a las opciones de no vender o reducir su ganancia con las cuotas sin interés, optará por no vender su mercadería y quebrar.

En tanto a la segunda falla lógica, la misma se corresponde a una instancia posterior del mapa teórico de escenarios. Primeramente, los impulsores asumieron que el comerciante no resigna tasa de ganancia, lo cual vimos que no es lógico en el contexto vigente. En segundo lugar, dieron por sentado que frente a la posibilidad de sostener su tasa de ganancia o incrementarla, el comerciante optaría por la primera opción. Esta afirmación no fundamentada, también implica un supuesto exagerado al respecto del comportamiento de los agentes, máxime cuando la capacidad de coerción por parte del sector público para disminuir precios es ínfima y los nominal sticky-up prices son prácticamente un hecho estilizado en las economías emergentes.

Por último, vale la pena remarcar la temporalidad de estas dos fallas. La segunda falla se torna aún más grave cuando se mira a la luz de la primera. Esto es, si efectivamente los comerciantes no cargaban el 20% del CFT a los precios del contado sino que lo resignaban de sus márgenes de ganancia para persistir en el mercado en un contexto de recesión. Entonces, el segundo escenario no se disputaría ya entre simplemente sostener o incrementar perversa y extraordinariamente el margen de ganancia. Por el contrario, cabría pensar que frente a la implementación de “Precios Transparentes” los comerciantes se vieron frente a la disyuntiva de continuar resignando o recuperar algo del margen de ganancia perdido durante los meses de recesión. Asumir, ahora frente a este escenario, que ante la obligación por normativa de incrementar los valores en cuotas pero la falta de coerción real hacia una reducción al contado, el comerciante se inclinará por continuar resignando su tasa de ganancia es más controversial.

En conclusión, la economía como descendiente de la filosofía, no se rige con blancos y negros sino más bien con grises. Como toda ciencia social requiere de lógica, análisis de escenarios y cálculo de probabilidades. El plan “Precios Transparentes” pareciera haber realizado una lectura cuasi dogmática y por lo tanto miope de la realidad, sin haberse detenido a estudiar la veracidad de los escenarios asumidos. Este, muy probablemente, es el principal error de la gestión vigente.

[1]Las opiniones aquí expresadas corresponden a los autores y no comprometen aquellas de las instituciones que representan.

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