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La supuesta institucionalidad del PRO

Agustín Frizzera
Par y co-fundador del Partido de la Red

Sociólogo y Máster en Gestión Urbanística

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Mar, 20-08-2013
En sus "Bases de acción política", el PRO rescata, en primer lugar, el valor de las instituciones. Políticamente, esta postura queda diseñada para contrastar con un gobierno nacional que atropella las instituciones y que privilegia el personalismo y actitudes autoritarias. La gestión, sin embargo, desnuda las palabras y las tuerce.

PRO significa “Propuesta Republicana”, idea que remite al “imperio de la ley”, a un sistema institucional independiente de vaivenes políticos que implica, entre otras cosas, la publicidad de los actos de gobierno y habilita la participación política de los ciudadanos. 

En sus “bases de acción política”, el PRO rescata, en primer lugar, el valor de las instituciones: “el principio de acción básico que subyace la propuesta del Partido PRO - Propuesta Republicana - es el respeto de la ley y el orden institucional. Esto no es un fin en sí mismo, sino que constituye el medio más idóneo para promover el desarrollo individual y colectivo del ser humano.

Políticamente, esta postura queda diseñada para contrastar con un gobierno nacional que “atropella las instituciones” y que privilegia el “personalismo” y “actitudes autoritarias”. La gestión, sin embargo, desnuda las palabras y las tuerce. La relación del gobierno de Mauricio Macri con las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires no es armónica y, en numerosos casos, es de decidida tensión.

Tratamientos express

La realidad de la Legislatura de la Ciudad, durante el último año de gestión macrista, ha visto el tratamiento de leyes importantes según un formato express. En efecto, la Legislatura aprobó la enajenación del edificio del Mercado del Plata para financiar el Centro Cívico proyectado en los terrenos del Borda y Moyano (Distrito Gubernamental); la cesión (sin cargo y por 30 años) de 40has del parque Roca a  la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) para que instale un centro de transferencia de cargas; un conjunto de exenciones impositivas en La Boca (que sería, ahora, el Distrito de las Artes) orientadas a "levantar" la zona; la rezonificación de enormes predios ferroviarios en los barrios de Palermo, Caballito, Liniers, Barracas y Pompeya. [1]

Todas estas leyes, que hacen al destino de amplias zonas de urbanización futura en una ciudad en la que estas zonas no abundan y son muy preciadas, fueron tratadas en pocas semanas, con escaso debate público y con el sorprendente apoyo parlamentario del bloque del Frente para la Victoria.

10,8 % de inflación

Al igual que el gobierno nacional, los proyectos de presupuesto de la Ciudad estiman una pauta de inflación irreal. Esto obedece al cálculo político de “asegurar” un excedente de recursos vía recaudación del impuesto a los ingresos brutos. Como los márgenes legales son más exigentes que en Nación, el PRO debe atravesar la Legislatura para asignar este excedente. Pero es sólo un trámite: los proyectos de “ampliaciones presupuestarias” fueron aprobados todos estos años según el formato express.

El presupuesto sub-estimado, una vez aprobado, queda en manos del Poder Ejecutivo. Y, concretamente, la fina lapicera de Rodríguez Larreta modifica el 5% de los destinos establecidos por la Legislatura. Por supuesto, la utilización de los superpoderes para las reasignaciones presupuestarias es una prerrogativa del Jefe de Gabinete. Son sus opciones las que explican subejecuciones, muy importantes en algunas áreas sensibles (vivienda, caso típico), en los últimos años de la gestión.

La gran preocupación PRO

Una de las principales preocupaciones de los porteños, desde hace años, es la inseguridad. El PRO ha hecho de la “lucha contra el delito” una de sus banderas en cada elección. Sin embargo, no difunde la Encuesta de Victimización ordenada según Ley 2883, en clara contravención a la norma, e incumple la Ley 2593 del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia (SIPREC).

Según el Artículo 6 de la Ley 2883 “el resultado de la Encuesta Anual de Victimización de la Ciudad de Buenos Aires deberá ser publicado en la página Web de la Ciudad y en papel, en la forma y cantidad de ejemplares que la autoridad de aplicación determine, a los efectos de su distribución académica, a organizaciones no gubernamentales y órganos de gobierno.” Según el artículo 8º de la Ley 2593 "la información producida por el SIPREC, su publicación y actualización es de libre acceso a través del sitio web del Gobierno de la Ciudad". La página web aludida es esta y la última encuesta publicada corresponde a 2007 (gestión Telerman).

Entonces, si el ocultamiento de datos hasta en tasas de delito agregado elementales del gobierno nacional es ampliamente conocido y reprochado, hay que decir que el PRO no ayuda demasiado. Así, gracias al ocultamiento de datos de los gobiernos nacional y de la ciudad, no sabemos dónde estamos parados a la hora de diseñar políticas públicas capaces de enfrentar uno de nuestros principales problemas.

Comunero, no hay dinero

Quizás, el desarreglo institucional más evidente del gobierno local se ve en el funcionamiento de las Comunas. La Constitución de la Ciudad dedica 5 artículos a su organización. Estas “unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial” son,  entre otras cosas, una apuesta de los constituyentes para que el ámbito de la participación ciudadana se pueda ampliar. La idea es que, al verse más “próximos” a las decisiones de gobierno, los ciudadanos pueden ejercer un mayor control sobre la administración.

Si bien la existencia de las instituciones comunales nunca conmovió demasiado al gobierno del PRO (ha presentado proyectos para modificar sustancialmente la Ley Orgánica de Comunas y ha firmado decretos para restarles funciones), el Poder Ejecutivo realizó la convocatoria a elecciones del 2011 acatando la orden de un fallo judicial.

Sin embargo, un año y medio después, vemos a las Comunas sin transferencias de competencias básicas, con alto desconocimiento de los vecinos de las funciones de su Junta Comunal y muy baja participación en los Consejos Consultivos Comunales.

Pintalo de amarillo

Durante años, el PRO utilizó el amarillo para identificar cada cartel estatal, cada inauguración del Gobierno de la Ciudad, con la imagen partidaria. Esta estrategia - extraer renta privada de un bien público - se extendió todo lo posible. Nuevamente, un fallo judicial (que acató) le puso un fin a esta práctica y es el que explica la actual imagen multicolorida del PRO.

En lo que hace a la distribución de la pauta oficial, los diputados nacionales PRO se muestran indignados con el reparto “discrecional” del gobierno nacional. Sin embargo, nada dicen del Gobierno local cuando pinta de amarillo muchos medios con libre arbitrio. De hecho, en 2009, la Legislatura  sancionó (por unanimidad) la Ley 3.391, de Publicidad Oficial, para establecer criterios objetivos y limitaciones concretas al empleo de la publicidad oficial. La Ley jamás entró en vigencia: el Jefe de Gobierno la vetó.

Uno podría seguir y seguir. Y hablar de un Jefe de Gabinete que no rinde cuentas todo lo que la Ley indica; ilustrar acuerdos políticos diseñados según los postulados del Club del Trueque; comentar sobre el abuso de la autopromoción en la comunicación pública; vincular con artículos peridíosticos verosímiles que hablan de contrataciones directas, “cajas”…y miles de etcéteras.  

Por supuesto, en la comparación con el gobierno nacional hay enormes diferencias, de sustancia y de grado. En temas de acceso a la información pública las diferencias son notorias: ante un pedido, amparado por la Ley 104, las dependencias del Gobierno de la Ciudad contestan en un enorme porcentaje de los casos. Además, ante un escándalo (los hubo varios: inundaciones, el subte, el Borda, etc.), Macri manda a sus funcionarios a la Legislatura a sudar la gota gorda y responder todas las preguntas de los Legisladores. 

Entonces, ante un gobierno nacional que utiliza los superpoderes para una reasignación enorme de partidas presupuestarias, que ignora fallos hasta de la Corte Suprema, que propicia el Fútbol para Todos, que no muestra declaraciones juradas de funcionarios por supuesta “invasión de intimidad”, que no publica estadísticas sobre delito desde hace 5 años y que miente con el INDEC, los PRO encuentran el espacio para colocarse como los defensores de la institucionalidad.

Sin embargo, a la hora de justificar atropellos como los aquí listados, los funcionarios de la Ciudad se enredan hablando de un supuesto “realismo”, reformulando aquella máxima weberiana “no es cierto que lo bueno sólo produzca el bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando".

Aún entre niños, lo cierto es que creer en el republicanismo de la Propuesta Republicana es, por lo menos, aventurado.


[1] Las leyes aludidas son, respectivamente: LEY N°4473 - Enajenación Mercado del Plata; LEY N°4476 - Cesión a FADEEAC; LEY N°4353 - Distrito de las Artes en la Boca; LEYES N° 4474 y 4477 - Rezonificaciones de predios ferroviarios.

Fuente imagen: Facebook

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