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La respuesta punitiva

Santiago Mollis
Abogado por la Universidad de San Andrés

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Mar, 02-05-2017
El femicidio de Micaela García nos obliga a redoblar los esfuerzos y seguir pensando en las mejores herramientas posibles para prevenir la violencia machista sobre las mujeres de nuestro país. Esto nos compromete como parte de una sociedad en la que el patriarcado lo llevamos, mayormente, dentro de cada uno. Porque no hay que negar que fuimos culturizados en una estructura social patriarcal. Abandonar aquello que adquirimos sin saber ni cuestionar requiere un esfuerzo colectivo e individual muy grande.

Este hecho también nos obliga a pensar el sistema penal en varias de sus facetas. En primer lugar, el accionar del juez Rossi. Es cierto que los informes que corresponden por ley no son vinculantes y constituyen un insumo más dentro de todos los que se deben tener en cuenta al decidir la libertad condicional de una persona privada de la libertad.[1] Es cierto que los certificados de los complejos penitenciarios muchas veces se venden o que las personas privadas de la libertad tienen que volverse títeres del sistema penitenciario para poder conseguir un dictamen a favor. Sin embargo, también es cierto que si todos los informes fueron negativos y el juez tomó la decisión de concederle la libertad condicional, debemos poder evaluar los argumentos por los cuales lo hizo. Que quede claro, esto no implica condicionar las decisiones que toman los jueces a lo que pase a futuro. Lo que implica es la posibilidad de revisar los actos realizados por uno de los tres Poderes del Estado que, además, en su gran mayoría, se compone de personas que no concursaron su cargo, que son hombres, que están muy alejados de la gran mayoría de las personas que juzgan y en cuyas firmas depositamos decisiones que requieren asumir un gran compromiso y responsabilidad.

Más importante aún, este caso nos lleva a pensar sobre el sistema penal en general, sus estructuras, sus componentes, su (in)eficiencia, su (in)eficacia, su adaptación a un contexto completamente distinto del que fuera pensado por primera vez. En esta discusión podemos encontrar dos grandes grupos. El primero, que podríamos llamar “punitivista”, se caracteriza por el pedido de endurecimiento del sistema penal: condenas que apliquen el máximo penal de manera automática, escalas penales más amplias, que los agresores sexuales cumplan la totalidad de la pena y no puedan acceder, por ejemplo, a la libertad condicional, etc.

El segundo grupo no tiene un nombre que lo identifique fácilmente, pero asumamos que podemos llamarlo “crítico”. Lo que caracteriza a este grupo es su pedido de repensar las bases y estructuras del derecho penal. A ello se le debe sumar la creencia en la importancia y necesidad de un abordaje interdisciplinario que caracterice un sistema penal moderno. Lo que este grupo entiende es que más pena no es la mejor respuesta para prevenir femicidios. Que la respuesta punitiva está muy lejos de tener un impacto significativo en la reducción de la violencia de género y sus distintas manifestaciones. Que el cambio cultural y social es más importante, pero también más trabajoso.

Sin embargo, es necesario hacer otras aclaraciones. El escepticismo de este segundo grupo con respecto al endurecimiento del sistema penal no es un capricho o un abordaje irresponsable de conflictos tan serios y trágicos como la violación y asesinato de una mujer. La desconfianza en el derecho penal es el resultado de cárceles cada vez más densamente pobladas, compuestas por un grupo homogéneo de personas y sin una mirada integral ni especializada en los distintos conflictos que se presentan en una sociedad (actualmente el encierro es prácticamente la única respuesta y se aplica casi sin matices independientemente del delito cometido). Esta desconfianza también se deriva de saber que la tasa de reincidencia de los agresores sexuales no es más alta que el promedio.[2] Por último, es fruto de reconocer que el derecho penal llega tarde, cuando el delito ya se cometió. Todo esto convierte al sistema penal en algo que debemos mirar con mucha cautela y dudar de las características milagrosas que algunos quieren adjudicarle.[3]

Si bien este segundo grupo ha adquirido mayor resonancia y lugar en los medios de comunicación[4] y la sociedad,[5] parece estar lejos de adquirir un peso relativo en la discusión política. El principal obstáculo que enfrenta este grupo es la supuesta falta de alternativas. El problema aquí es que aquella acusación no es cierta.[6] Este grupo tampoco se caracteriza por creer en recetas mágicas, sino en la importancia de sentarse a discutir distintas opciones, que cada grupo interesado acerque sus propuestas y puedan ser discutidas. En cambio, el grupo “punitivista” considera una opción más fácil y, en cierto punto, más irresponsable: agravar los términos del sistema penal existente sin una justificación seria de los resultados que esto puede significar.

Pocos días después de encontrar el cuerpo de Micaela el oficialismo fijó su posición punitivista.[7] A su vez, la Comisión encargada de modificar el Código Penal ya anunció que “[s]e decidió y acordó avanzar en incorporar que no procederá la libertad condicional para agresiones sexuales, secuestros extorsivos y homicidios, entre otros”.[8]

Sumado a esto, se retomó el debate por la reforma de la Ley 24.660 (ley que rige la ejecución de la pena). Diputados ya había dado meda sanción al proyecto y la semana pasada se llevó a cabo la discusión en el Senado. Finalmente, esta semana se aprobó, aunque con algunas modificaciones, el proyecto.

A pesar de la amplia negativa que recibió esta reforma por considerar que no es una medida efectiva para abordar la violencia de género, no hubo modificaciones en este sentido. Con esta reforma se prohíbe, a la gran mayoría de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, acceder a la libertad asistida y libertad condicional. Esto representa un serio problema, ya que agrava la exclusión de este grupo de victimarios, generando más dificultades para su reinserción social. Además, se sigue sin reconocer que los agresores sexuales necesitan otro tipo de acompañamiento y la respuesta de encierro nada hace para combatir, justamente, la reincidencia de estos.

Lamentablemente la respuesta punitiva volvió a imponerse. Será cuestión de trabajar e intentar convencer a más gente de que es necesario detenerse a analizar los resultados del sistema actual y pensar si no es momento de buscar alternativas responsables y coordinadas que puedan tener un impacto positivo en la prevención de la violencia de género.




[1] Art. 13 del Código Penal y art. 28 de la Ley 24.660

[2] Si bien en Argentina no existen cifras oficiales disponibles ni estudios que analicen la tasa de reincidencia, afuera se han realizado varias investigaciones que confirman este dato. Véase Roger Przybylski, “Recividism of Adult Sexual Offenders”, Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking (U.S. Department of Justice) (2015). Disponible en https://goo.gl/tZfy57 (consultado por última vez el 15/4/2017)

[3] Véase el comunicado de la Asociación Civil Red de Mujeres, “Más cárcel ¿Y después?”. Disponible en https://goo.gl/XB3mv5 (consultado por última vez el 15/4/2017)

[4] Véase Ileana Arduino, “Ni machos, ni fachos”, en Revista Anfibia. Disponible en https://goo.gl/fEGN1W (consultado por última vez el 15/4/2017); Ana Clara Piechestein, “Tras el femicidio de Micaela: tomar las riendas de la discusión penal”, en Marcha, https://goo.gl/D6C5gw (consultado por última vez el 15/4/2017); Mariana Carbajal, “Con más cárcel no solucionamos el problema”, en Página 12. Disponible en https://goo.gl/iE2KwU (consultado por última vez el 16/4/2017)

[5] Véase Cecilia González, “Que los cazadores de violencia no hablen por nosotras”, en Revista Anfibia. Disponible en https://goo.gl/7nRuFV (consultado por última vez el 15/4/2017)

[6] No es cierto que no se haga referencia a propuestas alternativas al sistema penal. Dentro del grupo “crítico” pueden reconocerse distintas acciones a implementar: capacitar al Poder Judicial en materia de violencia de género, sistemas más efectivos para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia de género, empoderar a las mujeres a través de más derechos y mejores garantías, que las decisiones no pasen únicamente por la decisión de un Juez, el acompañamiento especializado a los victimarios durante el encierro y post-encierro, etc.

[7] Véase las palabras de Mauricio Macri y Germán Garavano, “‘A este tipo de jueces no los podemos tener’, advirtió Macri sobre Rossi”, en Clarín. Disponible en https://goo.gl/jI2t8g (consultado por última vez el 15/4/2017)

[8] Ignacio Ortelli, “La Comisión de Reforma del Código Penal avanza para cortar beneficios a condenados por delitos graves”, en Clarín. Disponible en  https://goo.gl/meM2rr (consultado por última vez el 15/4/2017)

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