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La región frente a la crisis entre Venezuela y Colombia

Carolina Zaccato
Estudiante Relaciones Internacionales (UdeSA)

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Lun, 21-09-2015
Desde que Nicolás Maduro cerró parte de la frontera con Colombia, la situación para los colombianos residentes en Venezuela se ha complicado: son más de 10.000 los colombianos que han sido deportados o que han abandonado ese país. El fracaso diplomático entre ambos países disparó la necesidad de  acudir a instancias multilaterales para abordar este problema. ¿Qué está haciendo la región para solucionarlo?

El pasado 19 de agosto, el presidente venezolano Nicolás Maduro, decidió cerrar parte de la frontera con Colombia, tras un ataque de supuestos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos. Posteriormente, Maduro decretó el estado de excepción en varios municipios de su país. Desde entonces, la situación no ha sido muy grata para los colombianos residentes en Venezuela. En efecto, son más de 10.000 los colombianos que han sido deportados o que han abandonado Venezuela.

El primer fracaso diplomático en esta crisis ocurrió durante la reunión de las cancilleres María Ángela Holguín (Colombia) y Delcy Rodríguez (Venezuela), apenas una semana después de desatada la crisis. Si bien a primera vista la reunión pareció haber sido fructífera y se la vislumbraba como el punto de partida hacia una solución consensuada a la crisis fronteriza, el entusiasmo tuvo una vida muy corta. Al día siguiente, Santos llamó a consultas a su embajador en Caracas, y Maduro hizo lo propio con su representante diplomático en Bogotá. El canal bilateral parecía no ser una alternativa viable para procesar esta controversia. Quedaba entonces acudir a instancias multilaterales para abordar esta problemática. 

Aquí surge la siguiente inquietud: ¿qué está haciendo la región para abordar esta problemática?

 Si pensamos en organismos que históricamente se han encargado de mediar en crisis regionales, la OEA probablemente sea el primer nombre que nos viene a la mente. En este caso, Colombia consideró que en la OEA encontraría el apoyo necesario para convocar a una reunión de cancilleres para evaluar la crisis humanitaria en la frontera colombiano-venezolana y buscar posibles soluciones. Frente a esta perspectiva, el gobierno de Juan Manuel Santos recibió un duro revés cuando, en la votación que tuvo lugar el pasado 31 de agosto, la propuesta colombiana pareció haber caído en oídos sordos. Con 17 votos a favor, 5 en contra, 11 abstenciones y 1 ausente, se rechazó el pedido de Colombia para celebrar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores que evalúe lo que el gobierno de Santos considera una “crisis humanitaria” debido a las deportaciones arbitrarias y maltratos hacia sus ciudadanos. Es interesante notar los distintos patrones de votación que surgieron. Por un lado, el bloque del ALBA y sus aliados del Caribe se alinearon con la postura de Venezuela de rechazar la petición de Juan Manuel Santos; por el otro lado, los tres países del NAFTA, los países de América Central (con excepción de Nicaragua), y los países de la Alianza del Pacífico votaron a favor de Colombia. Por su parte, el Mercosur se mostró divido, con Uruguay y Paraguay apoyando a Colombia, mientras que Argentina y Brasil se abstuvieron (además de la lógica negativa venezolana). 

Dado que la negociación en el marco de la OEA no avanza, ¿por qué no probar a un nivel regional más reducido? Después de todo, la crisis es entre naciones sudamericanas, ¿y si aplicamos la máxima “Sudamérica para los sudamericanos”? 

En esta dirección, países como Brasil, Argentina, Bolivia, Nicaragua y El Salvador apoyaron el argumento sostenido por Caracas de que la crisis debía ser manejada dentro del ámbito de la UNASUR. De por sí, la perspectiva de una votación en el marco de la UNASUR parece ser mucho menos favorable a Bogotá que aquella demostrada dentro de la OEA. No olvidemos que en UNASUR se siente con más fuerza la postura de los países que conforman el bloque del ALBA, y que este bloque está claramente alineado con la posición política venezolana. Además, basta con ver el patrón de votación antes señalado, la gran mayoría de las naciones sudamericanas se alinearon con la postura de Caracas, a excepción de aquellas que conforman la Alianza del Pacífico, y los “grandes” de la región (Argentina y Brasil) optaron por la abstención. 

Para peor, las (pocas) esperanzas colombianas de que esta crisis pudiese encontrar su solución en el contexto de la UNASUR no duraron bastante. Después de conocerse el resultado de la votación en la OEA, la UNASUR anunció la cancelación de la reunión de cancilleres convocada para ese mismo jueves en su sede en Ecuador, debido a la imposibilidad de asistir de la canciller venezolana.

Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de todas estas idas y venidas?

En lo que concierne a la votación dentro de la OEA, es útil tomar las palabras de la canciller colombiana, quien calificó la votación como una derrota, no solo para Colombia sino para todo el sistema interamericano. 

Si nos detenemos en analizar la misión de la OEA, podemos ver este hecho como una derrota que va más allá de la imposibilidad de resolver una controversia entre dos países de la región; el resultado de la votación del pasado 31 de agosto mina las bases mismas de la Organización de Estados Americanos. En efecto, como bien lo indica su página institucional, “la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo” (1) . La imposibilidad de concertar una reunión que convoque a todos los cancilleres americanos, sumado a  la falta de declaraciones sobre la reciente condena de Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, a trece años y nueve meses de prisión, revelan la fragilidad que tienen valores como el respeto a los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia, a la hora de poner en práctica lo que discursivamente sigue constituyendo gran parte de la base identitaria de los Estados americanos.  

Si nos enfocamos en la UNASUR, vemos que las naciones de Sudamérica se enorgullecen en enarbolar la bandera democrática y de los DDHH, y no debiera ser para menos, luego de la cruenta etapa dictatorial que atravesó la región durante las décadas de 1970 y 1980. Esta traumática experiencia histórica debiera servir para unir a América del Sur en pos de la protección de los sistemas democráticos y el bienestar de todos los sudamericanos. Sin embargo, a la hora de poner a prueba estos principios, pareciera ser que en Sudamérica termina primando otro principio históricamente representativo de la región: la no intervención en asuntos internos.

No olvidemos que también la no intervención ha actuado como fuente de unión de las naciones sudamericanas durante buena parte de su historia, sirviendo como causa común cada vez que Estados Unidos o algún Estado europeo pretendían tener alguna injerencia en las decisiones gubernamentales de cualquier Estado de la región. El principio de no intervención en asuntos internos ha permitido, además, elaborar desde el Sur de las Américas doctrinas mundialmente reconocidas como, por ejemplo, la doctrina Drago, que desautoriza el uso de la fuerza como medio legítimo para el cobro de deudas (Cisneros y Escudé 2000). (2)

En resumidas cuentas, tratar en foros regionales temas que impliquen posibles violaciones a derechos humanos o calificar a ciertas prácticas como poco democráticas significa inmiscuirse abiertamente en el ámbito interno de un estado e implica discutir decisiones de política doméstica de dicho país. En Sudamérica, parece ser que ello continúa siendo un tabú. Al final del día, lo que termina uniendo a la región es una defensa recelosa de la soberanía estatal y la no intervención en asuntos internos, incluso entre sudamericanos. 

(1) http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp 

(2) Cisneros, Andrés y Carlos Escudé, Historia de las Relaciones Exteriores Argentinas, “Tomo VIII: Las relaciones con Europa y los Estados Unidos, 1881-1930”. Buenos Aires: Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 2000. Disponible en: http://www.argentina-rree.com/historia.htm (consultado el 18/09/2015).

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