Bastion Digital Argentina

Leé mejor, mirá diferente

Ingresá con

La enseñanza religiosa en las escuelas públicas

Pedro A. Caminos
Profesor de Derecho Constitucional (UBA y UCES)

-A A +A
Vie, 31-03-2017
El día 10 de marzo de este año, Víctor Abramovich, uno de los Procuradores Fiscales ante la Corte Suprema, emitió un dictamen en la causa en la cual un grupo de madres de niños que estudian en escuelas públicas en la provincia de Salta, junto con la Asociación por los Derechos Civiles, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de varias normas provinciales que disponen que la enseñanza religiosa integra el plan de estudios y que se imparte dentro del horario de clase. 

La regulación vigente en dicha provincia establece, además, que los contenidos y la habilitación docente requerirán el aval de la respectiva autoridad religiosa. Asimismo, la normativa indica que los padres deberán manifestar si desean que sus hijos reciban educación religiosa y, en su caso, en qué credo. El objetivo de estas normas es el permitir el ejercicio del derecho que el artículo 49 de la Constitución salteña le reconoce a padres y tutores de que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas públicas. 

En su dictamen, el Procurador efectuó un pormenorizado análisis sobre el modo en que dicha legislación es aplicada en la provincia de Salta. En particular, tuvo en cuenta que los cursos de religión efectivamente impartidos en las escuelas públicas se corresponden con única confesión: la católica. Comprobó, además, que alumnos que profesan otros credos, e incluso aquellos que no tienen creencias religiosas, recibieron instrucción católica. El dictamen consideró que ello era consecuencia de la inexistencia de cursos para otras religiones ni opciones académicas alternativas a la enseñanza de aquel credo. Finalmente, constató que, en aquellos casos en los que los padres optaron porque sus hijos no recibieran enseñanza religiosa, se incluyó la denominación de “no creyente” en los boletines de calificaciones de los niños. En este contexto, el Procurador consideró que la enseñanza religiosa como parte del plan de estudios e impartida dentro del horario escolar, tal cual como había sido aplicada por las autoridades educativas provinciales, interfirió indebidamente con la libertad de religión y de consciencia. Por ello, le propuso a la Corte que, cuando dicte sentencia en el caso, declare la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas.

Sin embargo, el dictamen consideró que no debía declararse la inconstitucionalidad del artículo 49 de la Constitución de Salta. En efecto, afirmó que el reconocimiento del derecho de los padres a que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas públicas no es en sí mismo violatorio de la Constitución Nacional pues las provincias pueden reconocer otros derechos aparte de los establecidos en el texto constitucional federal, siempre que no los alteren. En tal sentido, sostuvo que existían medios alternativos para implementar el derecho en cuestión, cuya implementación no lesionaría la libertad de religión y de consciencia. De hecho, citó el ejemplo de otras provincias, como La Pampa, San Luis o Córdoba, en las cuales se dispone la posibilidad de impartir instrucción religiosa en las escuelas públicas, pero fuera del horario de clase y del plan de estudios.

La solución que propone el dictamen con respecto al artículo 49 de la Constitución salteña pretende conciliar el sistema de derechos que establece la Constitución Nacional con la autonomía de las provincias que impone la adopción de un sistema federal, por parte del propio texto constitucional. El objetivo, sin dudas loable, parte de una determinada interpretación del alcance de las libertades de religión y de consciencia. Según el Procurador, tales libertades no resultan, en sí mismas, incompatibles con el derecho que reconoce la constitución provincial. Sin embargo, a nuestro juicio, la interpretación correcta de la Constitución Nacional exige una concepción más robusta con respecto al alcance y extensión de tales libertades. Bajo esa interpretación, el artículo 49 de la Constitución de Salta es inconstitucional.

En efecto, nosotros pensamos que la Constitución Nacional establece al laicismo como un principio fundamental. Si bien el laicismo puede ser concebido de muchas maneras diferentes, nuestro país tiene una rica tradición en la materia, que puede orientarnos a la hora de establecer sus alcances. La Ley 1.420, probablemente la legislación más importante de toda nuestra historia, estableció un sistema de educación laica, gratuita y obligatoria que transformó radicalmente a la Argentina. Esa es la tradición que debemos recuperar. Bajo este prisma, el laicismo afirma que las relaciones entre los ciudadanos, y entre ellos y los gobiernos, deben guiarse por razones públicas, esto es, por razones que puedan ser aceptadas por diferentes concepciones sobre lo que es bueno para las personas, pero sin que su justificación provenga de tales concepciones. En palabras del filósofo contemporáneo John Rawls, las razones públicas establecen la primacía de lo justo sobre lo bueno. Lo que los ciudadanos nos debemos entre nosotros, y lo que los gobiernos nos deben a nosotros, es un trato justo. La justicia, en este contexto, significa imparcialidad: todos merecemos un mismo trato, con independencia de cuáles sean nuestras creencias sobre lo que es bueno. La definición de lo bueno se configura por razones privadas. Y es en el ámbito privado en el que las personas podrán, si lo desean, conectarse con Dios.

Esta manera de entender el laicismo, si fuera compartida por la Corte Suprema, puede trasladarse al derecho constitucional mediante la adopción de criterios elaborados en el derecho comparado. En los Estados Unidos, por ejemplo, los tribunales aplican un test muy riguroso a la legislación que se refiera a la religión. Dicho test, elaborado por la Suprema Corte de ese país en el precedente Lemon v. Kurtzman, establece que una norma que regule en materia religiosa sólo podrá ser considerada válida si persigue un fin secular, si su efecto principal es del de no promover ni inhibir la religión y si ella no provoca un “entrelazamiento excesivo” entre el gobierno y la religión. Para nosotros, las normas como el artículo 49 de la Constitución de la provincia de Salta no satisfacen los recaudos que establece el caso Lemon.

Nuestra reivindicación del laicismo no debe ser entendida como un ataque a ninguna religión en particular. Por el contrario, el laicismo garantiza que todas las personas, tengan las creencias que tengan, gozarán de protección constitucional para poder mantenerlas y evitar que el poder del estado sea usado en su contra.      

  • nah
  • mmm
  • aprobada
  • aplausos
  • ovación

Mas en Bastion

BASTION en el mundo