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Injustificables privilegios

Federico Muñoz
Master en Economia (Universidad Pompeu Fabra – Barcelona)

Licenciado en Economía (UNS). Titular de Federico Muñoz & asociados, estudio de análisis económico. www.fmya.com.ar

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Mié, 25-01-2017
El subsidio fiscal destinado a fomentar el empleo fueguino representa casi el doble del total de la masa salarial privada provincial y 4,5 veces los fondos líquidos que la Nación transfiere a la provincia. Generar puestos de trabajo en Tierra del Fuego es un objetivo loable, pero no podemos ignorar estos costos. Hay que promover alternativas superadoras. El sector, sin embargo, ha demostrado una llamativa capacidad de lobby, que le ayuda a preservar sus –a nuestro entender- injustificables privilegios.

El periodista Alejandro Rebossio publicó el dossier “Mitos y verdades de la electrónica fueguina” en la revista Noticias y en chequeado.com. Rebossio nos consultó para la confección del informe y, de hecho, nos cita en varias oportunidades presentándonos como “uno de los economistas más críticos con el régimen”. Por ello, creemos oportuno realizar algunos comentarios y aclaraciones al respecto. 

La nota de Rebossio plantea un recorrido por varios de los argumentos con que se suele cuestionar a la promoción. Así, al estilo de las investigaciones de Chequeado, se pregunta si la electrónica argentina es cara, si es “la industria del telgopor”, si sus productos son de mala calidad, si el sector exporta, si le cuesta mucho al Estado y si emplea a poca gente. 

Para la mayoría de estas preguntas, Rebossio tiende a encontrar respuestas complacientes y bastante más benignas que nuestra propia evaluación. Por caso, califica de “engañoso” que la electrónica fueguina no exporte porque –explica- se venden al exterior autos con autopartes armadas en la isla. También juzga “engañoso” que el sector contrate poca gente, pues “emplea a 10.000 trabajadores directos en un país de 41 millones de habitantes”. Y, en la que constituye la respuesta menos convincente, relativiza con un “Verdadero, pero…” que el régimen promocional tenga un alto costo fiscal. 

Cada vez que encaramos el análisis del régimen, sugerimos un abordaje que ayuda a dejar en claro sus ventajas y desventajas; en concreto, proponemos indagar qué objetivos persigue la promoción y en qué medida los cumple. Entonces, nos preguntamos: 

• El régimen, ¿contribuye a desarrollar una industria tecnológica? No, porque el sector nunca escapó del mero ensambla-do de partes importadas con muy bajo contenido local.

• ¿Permite sustituir importaciones? No, precisamente porque se limita a ensamblar partes traídas del exterior.

• ¿Genera, como las maquilas mexicanas, un beneficio al fisco? No; muy por el contrario, el régimen entraña un enorme subsidio fiscal, a partir de las múltiples y muy generosas exenciones impositivas que gozan las empresas que se radican en la isla. Según información oficial del Ministerio de Hacienda, el Gasto Tributario (los impuestos que se dejan de cobrar por cortesía del régimen promocional) es equivalente a 0,37% del PBI. 

A partir de todas estas negativas, concluimos entonces que el único objetivo que logra el régimen promocional es contribuir a generar empleo en un rincón recóndito del país en el que, sin ayuda, sería muy difícil lograrlo. Por supuesto, la generación de puestos de trabajo en Tierra del Fuego es un objetivo muy loable y defendible. Pero no podemos ignorar  los muy altos costos con que este régimen logra ese objetivo.  

El primero de estos costos es una clara externalidad negativa que el régimen lleva consigo: la promoción fueguina encarece sensiblemente los productos electrónicos en el país. Cabe preguntarse entonces, ¿cuántos empleos se pierden en otros sectores (en particular, en los intensivos en tecnología) por estar condenados a comprar caro el equipamiento tecnológico? Y más aún, ¿cuántos empleos se dejan de crear –por caso- en gastronomía y turismo, debido a que los argentinos pagamos tan cara la electrónica, lo que nos resta poder de compra para –entre otras cosas- salir a comer afuera y pasear por el país? 

El segundo gran lastre de este régimen (y acaso su principal desventaja) es su enorme costo fiscal. Notamos que a mucha gente le cuesta dimensionar la desmesura de la magnitud del subsidio. Quizás el cotejo de algunas cifras correspondientes a 2016 contribuya a esclarecer esta cuestión:  

• Según el Presupuesto 2017, el Gasto Tributario asociado al régimen de promoción fueguina fue de $29.380 millones;   

• Según Trabajo, la masa salarial anual del total de los cerca de 40.000 trabajadores privados (no sólo de los industriales) en la isla totalizó en el año unos $15.500 millones; 

• Las transferencias de Nación a Tierra del Fuego por coparticipación y demás conceptos totalizaron $6571 millones.

En otros términos, el subsidio fiscal destinado a fomentar el empleo fueguino representa casi el doble del total de la masa salarial privada provincial y 4,5 veces los fondos líquidos que la Nación transfiere a la provincia. 

Federico Muñoz

Rebossio nos atribuye haber propuesto “que el Estado les mantenga el sueldo por un tiempo, pero se cierre la industria”. Honestamente, no recordamos haber afirmado una frase tan peyorativa en la entrevista. Sí sostenemos que el actual esquema es decididamente irracional y que hay un margen de maniobra inmenso para fomentar el empleo en la isla con esquemas alternativos más razonables. 

En rigor, hace poco más de un año presentamos en El Cronista una idea que creíamos superadora para promover el empleo fueguino (“Una propuesta del siglo XXI para Tierra el Fuego”). Instábamos a que la isla dejara de producir hardware caro y se reconvirtiera en un polo productor de software; una actividad que se podría promover con mucho menor costo fiscal, menos expuesta a los enormes costos logísticos y cuya protección no genera externalidades negativas para otros sectores. 

Un comentario final: creemos que el dossier de Rebossio pasa por alto varios de los evidentes vicios del régimen promocional fueguino y es muy condescendiente con las empresas del sector. Pero esta no es una característica privativa de este informe puntual; más bien, toda la prensa suele ser complaciente con este régimen. El sector ha demostrado una llamativa capacidad de lobby que le ayuda a preservar sus –a nuestro entender- injustificables privilegios.

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