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Google, la defensa de la competencia y un debate legislativo todavía pendiente

Guillermo Sabbioni
Ph.D. in Economics (University of Florida)

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Mié, 19-07-2017
La necesidad de evitar casos de abusos gracias a una posición dominante en un determinado mercado exige leyes actualizadas y modernas; en el Congreso hay proyectos que aún no fueron tratados y que colocarían a la Argentina en línea con los países más avanzados en la materia.

La Comisión Europea acaba de imponer a Google una multa de 2400 millones de Euros por violar la ley antimonopolio. Específicamente, Google fue hallado culpable de abusar de su posición dominante en el mercado de servicios de búsqueda en Internet. El abuso consistía en utilizar esa posición privilegiada para beneficiar a su propio servicio de comparación de precios, denominado Google Shopping, con el cual la empresa participa en otro mercado: el de comparación de precios online. Al privilegiar a su propio comparador de precios, haciéndolo aparecer en las primeras posiciones de los resultados de su buscador (en desmedro de otros competidores como eBay o Amazon), Google ocasionaba un perjuicio a dichos competidores y a los consumidores.

Para entender las razones detrás de la sanción, debe comprenderse cómo se relacionan y en qué se diferencian los dos mercados en cuestión. En primer lugar, Google participa del mercado de servicios de búsqueda en Internet, en el cual es un líder indiscutido. El liderazgo es tal que ya no “buscamos” algo en Internet, sino que lo “googleamos.” Nótese, sin embargo, que dicha posición de dominio no es ilegal en sí misma. Google no viola la ley por ostentar dicha posición de privilegio, adquirida a través de la innovación y una mejora constante de la calidad, sino al abusar de ella para obtener una ventaja—en detrimento de sus competidores—en un mercado relacionado: el de comparación de precios. Este es un mercado diferente, en el cual Google Shopping se beneficia al aparecer en las primeras posiciones de los resultados que arroja Google.

En líneas generales, cuando una empresa participa en dos mercados relacionados, en el sentido de que el bien o servicio del primer mercado es un insumo importante para producir o brindar el bien o servicio en el segundo mercado, y la empresa ostenta una posición dominante en el primero, existe el riesgo de que abuse de dicha posición para obtener una ventaja en el segundo. Esto es lo ocurrido con Google en Europa, y debiera interpelarnos acerca de si nuestro país no experimenta situaciones similares. En otras palabras, debiéramos preguntarnos si nuestra legislación está preparada para enfrentar estos comportamientos. En este contexto, cabe señalar que nuestro Congreso tiene en sus manos un proyecto de renovación y actualización de la Ley de Defensa de la Competencia, que permitiría abordar casos parecidos al de Google. El proyecto incorpora una serie de modificaciones que pondrían a nuestra ley a la par de la legislación de países avanzados, incluyendo la posibilidad de abordar potenciales casos de abuso como el de Google.

Equipado con una moderna ley que posibilite la evaluación de estas conductas, el Estado Argentino podría sancionar comportamientos como los siguientes: (i) una empresa que tiene posición dominante en el mercado de malta abusa de ella para obtener una ventaja en el mercado de cerveza, del cual la empresa también participa—y en virtud de que la malta es un insumo para la elaboración de cerveza; (ii) una empresa que tiene posición dominante en el mercado de TV por cable abusa de ella para obtener una ventaja en el mercado de provisión de acceso a Internet, del cual la empresa también participa—y en virtud de que la conexión de TV por cable es un insumo que permite brindar también acceso a Internet; (iii) un banco que tiene posición dominante en el mercado de servicio de pago de sueldos (a través de las conocidas “cuentas sueldo”) abusa de ella para obtener una ventaja en los mercados de otros servicios financieros, como constitución de plazos fijos, otorgamiento de préstamos personales, compraventa de moneda extranjera, emisión de tarjetas de crédito, etc., en los cuales el banco también participa—y en virtud de que para poder ofrecer esos servicios exitosamente, es clave que el cliente tenga regularmente dinero depositado.

Estos son tres de los muchos ejemplos que podrían observarse, y que debieran ser al menos analizados. Para ello, sin embargo, nuestro Congreso debiera acelerar el tratamiento del proyecto de actualización de la Ley de Defensa de la Competencia, de manera de contar con herramientas transparentes que permitan juzgar estos comportamientos. El correcto funcionamiento de los mercados es una prioridad establecida en nuestra Constitución en el Artículo 42, y resulta imprescindible para el desarrollo económico a largo plazo, la atracción de inversiones y la protección de los consumidores. La sanción a Google debiera servir entonces para recordar esto a nuestros legisladores y agilizar la aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia.

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