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“Gobierno abierto” y el difícil equilibrio entre valores y derechos

Gonzalo Gabriel Carranza
Magister en Derecho Constitucional (CEPC-España)

Aboado (UNC). Doctorando en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas (UAM).

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Lun, 29-05-2017
Las Constituciones modernas y los modernos constitucionalismos son proclives al desarrollo de la idea republicana de publicidad de los actos públicos, de la cual deriva la rendición de cuentas. El hecho de que el Estado se nutra de los impuestos que cada ciudadano contribuye requiere, ciertamente, que haya una transparencia en la gestión pública y, al mismo tiempo, que esa transparencia se proyecte a través de sólidos instrumentos que permitan el conocimiento sencillo y directo sobre cómo se usan los recursos por parte de todos los vecinos.

Cuando un Estado se construye a partir del principio federativo, surge un Estado compuesto, en el que la descentralización y la transferencia de competencias, sumado a la existencia de autonomías, imponen un entramado complejo, con una multiplicidad de órganos que tratan de gestionar lo público y, por ello, se produce un aumento significativo de la idea republicana, por cuanto esta rendición se impone en cada uno de los entes que conforman la federación. Todos éstos deben ser transparentes, y aquí comienza el meollo del asunto.

A lo largo de los últimos días han sonado diversas voces en el ámbito cordobés, en relación a la publicación por el portal de Datos Abiertos de la Municipalidad, de una planilla (que puede descargarse en formato Excel o .pdf) en la que constan los nombres de los diversos empleados del Estado local. En esta planilla, además de aparecer un dato más que sensible (como lo constituye la identidad personal), se inserta una columna en la que se puede consultar el salario de cada uno de estos agentes de la Administración pública. El proyecto, que se adjetiva “progresivo”, pretende que en pocos meses se desgrane cada uno de los conceptos que constituyen la nómina salarial de cada empleado.

El Intendente Ramón Mestre defendió profundamente el avance hacia la transparencia, la que se produce -según él-, con la apertura de los datos para que cualquier ciudadano pueda controlar en qué se gasta el erario público. Frente a esta apertura, surgieron una serie de interrogantes -sobre todo desde el punto de vista constitucional-, que implica entrar en discusión no sólo sobre si la medida es idónea para el efecto que busca producir, sino también en relación a los medios y el proceso que se usa para hacerlo.

Valores y derechos

En una Constitución como la de la República Argentina, en la que se ordena el entramado jurídico de todo el país, esto es, de todas las Provincias y Municipios, existen unos valores superiores y unos derechos escritos en la letra de su articulado que requieren ser tenidos en cuenta en cada acto que se desarrolla por cualquier persona física o jurídica en todo el territorio nacional. Esto implica, claramente, que todas las Constituciones provinciales y todas las Cartas Orgánicas municipales (y la legislación que de ellas derivan) deben respetarla. Junto a ello, que todas las autoridades que deben hacerla cumplir (porque eso juraron hacer), deben dar ejemplo con los actos públicos, y hacer efectiva su vigencia en cada una de las acciones que se desarrollan.

El gran problema surge cuando hay dos valores superiores, o dos derechos constitucionales, o un valor superior y un derecho constitucional que, en un mismo acto, entran en contradicción, se chocan, colisionan. En estos casos, para interpretar correctamente cómo se debe actuar, no sólo hay que tener en cuenta el objetivo que se persigue, sino también el medio y los efectos que el accionar puede producir.

En el caso cordobés, con la publicidad de los salarios y nombres de las personas en un portal abierto, con acceso irrestricto, en el que no es necesario dar cuenta del porqué se quiere recabar la información o para qué se la quiere usar, es claro que entran en juego valores y derechos que se contradicen, que requieren armonizarse o, en su caso, ponderar cuál está por encima del otro.

Se puede querer transparentar a la Administración, y para ello se pueden diseñar canales de acceso ciudadano simples, despojados de burocratización excesiva y de procedimientos que hacen que el hartazgo prime sobre el objetivo de comprender cómo se usan los recursos en la. En este caso, el objetivo es idóneo, pero hay que establecer canales que requieran identificación del sujeto que quiere acceder a los datos y que los mismos se encuentren a disposición luego de superar alguna barrera que, por más pequeña que sea, implique una autenticación de la personalidad. Así, el objetivo lícito discurre por un medio adecuado para dar a conocer los datos, pero siempre teniendo presente quién ingresa a la búsqueda, cómo lo hace y –medianamente-, por qué lo hace.

También es necesario recalcar que la información, que debe ser pública, no debe afectar derechos fundamentales de los ciudadanos, sean o no parte del cuerpo de agentes de la Administración. En este sentido, no es concebible que un gobierno abierto sea tan abierto que permita a cualquiera acceder a datos sensibles, como son el nombre completo, el número de documento de identidad, la repartición precisa en la que presta servicios y el salario que percibe por sus prestaciones.

Por todo esto es claro que existe una contradicción entre un valor (como el republicanismo y la publicidad de los actos -del cual deriva la rendición de cuentas-), y el derecho fundamental a la privacidad, a la intimidad, a la protección de los datos sensibles.

¿Un paso histórico o un paso hacia atrás?

El Intendente ha hecho uso de la palabra para defender su accionar y recalcar el paso simbólico que se dio al abrir datos como la nómina de agentes y sus salarios. Así, señaló que “hay que acostumbrarse a que todo lo público tiene que transparentarse. Esto no es histórico, es lo que corresponde”.

Quizás hay una mala concepción del concepto de “público”, porque el que los ingresos provengan de la sociedad en su conjunto, no implica que la mancomunidad de ciudadanos pueda acceder a una catarata de datos sensibles. La información, cuando es tan abierta e irrestricta, cuando está a disposición con sólo un golpe de click, puede afectar los derechos de otros. Hay que saber medir y, en el caso, no se ha medido. Hay que saber usar las herramientas tecnológicas, y aquí no se hizo.

Es claro que en el caso no hubo una ponderación de los valores y derechos y se primó una irrestricta y desafortunada forma de apertura de datos que han conculcado derechos personales que se encuentran muy por encima del lícito propósito que se perseguía. Hemos presenciado, una vez más, que el fin no justifica los medios. Habrá que esperar, una vez más, a ver qué dice la Justicia, la que realmente podrá ponderar, con independencia, estos valores y derechos.

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