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En defensa del gradualismo

Ignacio Labaqui
Politólogo

Docente e investigador en el Programa de Estudios para América latina, Universidad Católica Argentina (UCA).

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Jue, 04-05-2017
Se ha puesto de moda criticar la estrategia gradualista adoptada por el gobierno en materia económica. La lenta salida de la recesión y la demora en la baja de la inflación han llevado a numerosos economistas a disparar contra el gradualismo y sugerir que el gobierno debería aplicar un riguroso ajuste fiscal. No pretendo discutir si una política de shock en materia fiscal nos llevaría a un mejor puerto, sino más bien analizar por qué el gobierno optó por el gradualismo en materia fiscal y cuál era la viabilidad de otras alternativas disponibles en diciembre de 2015. 

Los críticos del gradualismo, defensores de una política fiscal más dura, señalan que es más conveniente anunciar todas las medidas antipáticas de una sola vez, aprovechar los primeros 100 días de gestión, en vez de tener que dar malas noticias en cuotas. ¿Es efectivamente así?

La política económica no se hace en el vacío. Marx señaló hace más de 160 años al comienzo de El 18 Brumario de Luis Bonaparte un hecho que sigue plenamente vigente: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado.” Las condiciones en las cuales se adopta la política económica importan. La viabilidad política de un plan económico no puede ser ignorada o ninguneada.

Para entender por qué el gobierno de Cambiemos optó por el gradualismo es necesario tomar en cuenta el modo en el que Macri llegó a la presidencia. Macri salió segundo en la primera vuelta de 2015, siendo votado por un tercio del electorado, y ganó en el ballotage por una mínima diferencia por sobre Daniel Scioli. Es decir, no se trata de un presidente que llega al poder con un mandato fuerte de parte de la sociedad. Un triunfo más contundente en segunda vuelta, o un mayor respaldo en la primera vuelta le habrían dado al gobierno  tal vez un mayor respaldo para avanzar más rápido en materia fiscal -el eje de la crítica al gradualismo. Sin embargo, una base de sustento de 1/3 del electorado no es suficiente para embarcarse en un plan severo de austeridad fiscal como el que pretenden los promotores de una rápida reducción del gasto público.

En segundo lugar, Macri no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso, hecho inédito para un presidente entrante en 33 años de democracia. Agreguemos que los partidos que integran Cambiemos solo controlan 5 de 24 distritos. Para gobernar debe negociar con gobernadores y legisladores de otro signo partidario. El atajo de los decretos de necesidad y urgencia no es una herramienta para que los gobiernos de minoría salten por encima del Congreso como algunos ingenuamente creen. Y menos para un gobierno que busca atraer inversiones. El DNU puede servir para salir del paso en algunos temas -su utilidad en materia tributaria es de hecho nula- pero no es un instrumento al que un gobierno de minoría pueda apelar de manera recurrente.  

La transición sin crisis es un tercer elemento a considerar a la hora de evaluar cuán viable era avanzar de manera más agresiva en materia fiscal y por qué el gobierno optó por el gradualismo.

Macri recibió una herencia económica compleja. Sin embargo, a pesar de la gravedad del legado del kirchnerismo, a los ojos de la sociedad la economía argentina tenía problemas, pero no atravesaba una crisis económica expuesta. El parámetro de crisis económica de la sociedad argentina, acostumbrada a décadas de vaivenes, es o bien la hiperinflación de 1989 o la crisis de la convertibilidad en 2001-2002. Probablemente, la continuidad de las políticas llevadas adelante por el kirchnerismo, especialmente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, habría terminado en un colapso económico como el que suele caracterizar a los ciclos de populismo macroeconómico que describen Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards. Ello no ocurrió y el motivo principal por el que no ocurrió fue la victoria de Macri en las elecciones de 2015.  De haber asumido el gobierno en un contexto de crisis expuesta, Macri habría contado con la justificación para avanzar de manera más rápida en materia fiscal. Explicarle a la sociedad la herencia, una crítica que muchos han blandido hacia el gobierno, no habría cambiado absolutamente nada. La comunicación de la herencia -algo que por otro lado el gobierno hizo en el discurso de apertura de sesiones legislativas de 2016- difícilmente habría aumentado la tolerancia de la sociedad hacia un ajuste fiscal.

Un cuarto elemento está dado por el hecho novedoso de la elección de Macri. Se trata del primer presidente democráticamente electo que no proviene ni del radicalismo ni del peronismo, hecho que no registra precedente en el siglo transcurrido desde la sanción de la ley Sáenz Peña. El hecho de que no provenga del peronismo agrega otro dato a tener en cuenta. Los gobiernos peronistas han gozado de una mayor paciencia, cuando no complicidad, de parte del grueso del movimiento obrero organizado a la hora de aplicar políticas de ajuste. A la heterodoxia de Alfonsín y sus tímidos intentos de abrir empresas estatales al capital privado el sindicalismo le respondió con 13 paros generales. Menem, al que solo le quedaron las centrales nucleares por privatizar, en cambio gozó de una sobredosis de paciencia de parte del grueso del sindicalismo argentino. ¿Qué habría pasado si el 11 de diciembre poco después de asumir Macri hubiera anunciado un severo ajuste fiscal y un plan de racionalización del sector público? Difícil saberlo. Pero de algo es seguro. Los sindicatos, los movimientos sociales y el peronismo en su conjunto no se habrían quedado de brazos cruzados.

Una última consideración, pero no por ella menos relevante, es que Macri no solo gobierna en democracia, sino que debe enfrentar elecciones de mitad de mandato. Una pérdida dramática de apoyo electoral no es gratis, especialmente para un gobierno no peronista. El gradualismo no es garantía de una performance exitosa en las elecciones. Pero en el contexto actual una política de austeridad fiscal sería la receta perfecta para sufrir una derrota electoral. Los colapsos presidenciales no son patrimonio exclusivo de la Argentina y han sido más bien un fenómeno recurrente en las democracias latinoamericanas. Antes los presidentes caían por causa de golpes de estado lo que llevaba a la quiebra del orden democrático. De la ola democratizadora de fines de los 70 en adelante las crisis presidenciales no suelen derivar en quiebras de la democracia, sino que se resuelven en el marco de las mismas. Pero el punto permanece: la inestabilidad presidencial es algo frecuente en la región. Las chances de no concluir el mandato presidencial son mayores para los presidentes en minoría. De ahí que las elecciones de mitad de mandato no sean un factor a ignorar.

¿Es deseable reducir el tamaño del sector público? En mi opinión sí. ¿Es deseable reducir la presión tributaria? Nuevamente mi voto es positivo. ¿Es políticamente viable hacerlo a través de una política de shock en materia fiscal como pretenden los críticos del gradualismo? En las actuales condiciones definitivamente no.

¿Son las políticas de shock siempre eficaces? ¿Anunciar todas las medidas “antipáticas” de una vez es garantía de éxito? No parece ser el caso. En 1989 a poco de asumir la presidencia Carlos Andrés Pérez anunció un drástico plan de ajuste conocido como “El Gran Viraje”. La respuesta fue el “Caracazo” de febrero de aquel año. Cuatro años después, y luego de haber sufrido dos intentos de golpe de estado fallidos, Pérez fue destituido por el Congreso. En 1990 Fernando Collor de Melo también implementó a poco de asumir un severo plan de ajuste. Dos años después, sin el respaldo del congreso ni de la opinión pública, fue destituido en medio de acusaciones de corrupción por el Congreso. Más recientemente, previo al colapso de la convertibilidad, en marzo de 2001 Ricardo López Murphy, ministro de Economía de Fernando De la Rúa, anunció un paquete de austeridad fiscal. A los 15 días ya no formaba parte del gobierno. 

No es necesario remontarse tanto en el tiempo para tener alguna idea sobre la tolerancia hacia una política de shock. La saga del ajuste de las tarifas de gas es una pequeña muestra de la clase de reacciones que generaría la adopción de un drástico ajuste fiscal como el que promueven los críticos del gradualismo. ¿Será exitosa la estrategia del gobierno? Es difícil saberlo. Pero es claro es que el margen político para hacer algo muy diferente a lo que ha venido haciendo era más bien exiguo. 

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