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El sistema universitario más allá de generalizaciones

Iván Matovich
Profesor en Ciencias de la Educación (UdeSA y UNSAM)

Investiador.

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Mié, 13-07-2016
A menudo se presentan argumentos que intentan demostrar por qué las universidades privadas resultan ser más eficientes que las públicas. Se sostiene, por ejemplo, que el costo por graduado de las públicas es mucho más alto que el de la privada más cara del país. Este indicador es un tanto sesgado. Es necesario desnaturalizar una clasificación por sector de gestión que se apoya sobre generalizaciones inválidas.

Hay quienes postulan que la existencia de la universidad privada se justifica principalmente por su potencial de innovación y excelencia en el sector educativo. Que es este sector de la educación superior el que sostiene el valor de la “descentralización”, la “diversidad” y, fundamentalmente, la “competencia interinstitucional”.

A menudo se presentan varios argumentos que intentan demostrar por qué las universidades privadas resultan ser más eficientes que las públicas. Así, se sostiene que el costo por graduado de las públicas es incluso mucho más alto que el de la privada más cara del país. Sin embargo, vale decir que este indicador es un tanto sesgado.  Si bien es metodológicamente válido, las únicas formas de mejorar el costo por graduado resultan ser la ampliación de la cantidad de graduados, la reducción del volumen presupuestario o la ejecución de ambas. Lamentablemente, la historia muestra que este tipo de razonamientos funcionaron más como argumentos al servicio de achicar el denominador de este ratio (el presupuesto), más que, como sostiene Julieta Claverie, investigadora de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,  en una reciente nota en Clarín, para “cuestionarse a sí misma, en cuanto a las prácticas de enseñanza que reproduce y las estrategias que aplica para favorecer la permanencia y la graduación”.

Más allá del análisis histórico, la mención aislada de este indicador desconoce otros factores de suma importancia, como las demandas presupuestarias específicas de cada campo disciplinar debido a las diversos modos de producción y circulación del conocimiento en cada disciplina. En este sentido, se sabe que las disciplinas vinculadas a las Ciencias Naturales y Exactas (por ejemplo, Física, Química, Computación y Biología) y sus sub-áreas específicas exigen grandes inversiones en laboratorios, insumos e infraestructura. Es por eso que son muy pocos los casos en nuestro país en los que encontramos universidades privadas con unidades académicas vinculadas a estos campos del conocimiento. Es claro que estas carreras y unidades suben el costo por graduado de la universidad pública con respecto a la privada, pero nadie sería capaz de pedirle a las privadas que hagan ese tipo de inversiones porque no hay aranceles ni donaciones suficientes que puedan sostener esos costos. La alternativa restante sería entonces la resignación de la formación de ciudadanos en estos campos. No obstante, si en la sociedad del conocimiento, la competitividad y la productividad se juegan, principalmente, en “las cocinas” de la tecnología y la investigación, esta alternativa no parece ser la mejor opción. 

Asimismo, poco hay que decir para refutar la asociación entre la eficiencia y la calidad diferencial de la infraestructura entre universidades públicas y privadas, en favor de las últimas. Si bien es cierto que muchas universidades públicas no se destacan por sus instalaciones o sus áreas de "servicios al alumno", también es necesario resaltar dos puntos. Por un lado, basta recorrer universidades públicas del Conurbano bonaerense (UNSAM, UNGS, UNLA, UNQ, etc.) para falsear la premisa que sostiene que las instituciones del sector público no cuentan con excelentes bibliotecas, aulas, espacios abiertos y áreas de servicios al alumno. Por otra parte, complementa esta idea el hecho de que algunas universidades privadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (no recorrí las de otras regiones del país) dejan mucho que desear en estos mismos aspectos, aunque las hay muchas otras que no. En otras palabras, no se trata de señalar con el dedo a una u otra institución, sino que es necesario desnaturalizar una clasificación por sector de gestión que se apoya sobre generalizaciones inválidas.

Con respecto a la eficiencia, también resulta extraño que se reconozca la competencia institucional como un valor para la innovación del sector educativo. Son numerosos los trabajos y las experiencias que demuestran los beneficios de las redes universitarias, el trabajo colaborativo y la asociación interinstitucional. En esta misma línea, también es cuestionable que se afirme que el hecho de que la universidad privada se financie con el pago de matrícula de los alumnos las obligue a gestionar esos recursos en forma eficiente, como tampoco que la baja calidad, relativa a la experiencia educativa, procesos administrativos o infraestructura, resulta castigada inmediatamente. Este argumento supone que, al no cobrar aranceles, la universidad pública no se ve obligada a administrar recursos de manera eficiente.

Hay otros trabajos e interpretaciones que se preocupan por marcar la existencia de universidades privadas de muy baja calidad que aun así no son “castigadas” por sus alumnos, quienes tal vez en todo su derecho priorizan otros aspectos o no cuentan con suficiente pericia para juzgar la calidad institucional (en efecto, existen organismos estatales de evaluación para hacerlo).

En diversas ocasiones también se presentan argumentos relacionados a la supuesta mejor capacidad de las universidades privadas para contemplar factores de diversidad y descentralización a comparación de las públicas. Vale preguntarse entonces qué se comprende por estos dos conceptos. Podemos suponer que el primero comprende la capacidad de brindar diferentes ofertas educativas, como así también reunir estudiantes con características diversas (nivel socioeconómico, religión, procedencia étnica, etc.). En este sentido, muchas universidades públicas cumplen, tal vez de igual o mejor manera que las privadas, con esta premisa al recibir alumnos de todas las religiones, nacionalidades y que en muchos casos resultan ser primeras generaciones de universitarios en sus familias.

Si bien es cierto que las universidades privadas hacen un incuestionable aporte en este sentido, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, es necesario citar otra vez los casos de las universidades públicas del conurbano bonaerense que desde los años 90 también reciben a decenas de miles de estudiantes del AMBA y cuya creación y existencia lamentablemente han sido cuestionadas en los últimos años (no me refiero a las importantes críticas vinculadas a manejos presupuestarios, sino a aquellas que ponen en tela de juicio el hecho de crear universidades).

En un artículo publicado el 6 de junio en el diario “La Nación” con el título “Desafíos para la universidad privada”, su autor remarca que “el padre que envía a su hijo a una universidad privada debe pagar dos veces por la educación de éste, una a través de impuestos, parte de los cuales se asignan al presupuesto educativo de la Nación, y la otra pagando a la universidad privada elegida. Esto es negativo: se coarta la posibilidad de transitar hacia un sistema educativo diversificado y descentralizado, factores que determinan los ritmos de innovación alcanzados.” Esto supone que un individuo paga impuestos sólo para financiar a su hijo o hija a través del Estado. Por suerte, el Estado no sólo funciona como “pasa manos”, sino como agente redistributivo de oportunidades. Financiamos la educación pública como ciudadanos porque entendemos que para vivir en una sociedad mejor y más justa es necesario proveer oportunidades de formación a toda la ciudadanía con el objetivo de generar un escenario donde las oportunidades sean reales para todos. Más que coartar, financiar la educación superior pública promueve la innovación y fortalece los lazos sociales en contextos diversos.

Afortunadamente, muchos otros argumentos “justifican” la existencia de la muy valiosa universidad privada, aunque tales términos sean poco precisos para hablar del sector educativo. Si “existir” es tomar conciencia del ser, entonces muchas universidades privadas (y públicas) deben reconocer y trabajar por su alta calidad educativa, la formación de ciudadanos íntegros y la producción del conocimiento. Son esas premisas las que sostienen su existencia, más que la competencia o el sistema de premios y castigos de los estudiantes. Quizás la competencia no es ingrediente de todas las buenas recetas.

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