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El Código Procesal Penal no es penal (a lo sumo foul)

Alejandra Malamud
Abogada (UBA)

Especialista en Derecho Administrativo (EDABA). Mediadora Prejudicial y Comunitaria.

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Jue, 21-01-2016
La suspensión de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación y su implementación a cargo de una comisión del Congreso está ajustada a la letra de la Constitución, que determina que mientras legislar sobre la materia penal corresponde a la Nación, hacerlo sobre la materia procesal penal corresponde a las provincias.

En diciembre, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) suspendiendo la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación.

Aprobado por la Ley N° 27.063, el Código entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Congreso, tanto en la Justicia nacional (local de la CABA, bah…), como en la federal, modificando de esa forma otra ley, la 27.150.

Hay quien cuestiona la constitucionalidad del DNU por entender que “legisla” en materia penal, materia expresamente excluida por el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional. Sin embargo, cuando hablamos de  derecho constitucional, lo recomendable es consultar la Constitución.

Es ella la que determina que legislar sobre materia penal corresponde a Nación. En cambio, la materia procesal penal corresponde a las provincias (art. 75 inc. 12 CN). He aquí la clásica diferencia entre fondo y forma.

En el caso del Código Procesal de la Nación, su aplicación se limita al Fuero Federal y a los Juzgados "Nacionales" de la CABA, en tanto cada provincia legisla los mismos temas en forma diferente y autónoma a lo largo y ancho del país, siempre bajo los principios rectores del  art. 18 CN (sin que nadie grite “foul!”).

Esta discusión me recordó una frase que encabezaba las clases de Derecho Procesal Penal en la UBA: “El derecho penal no le toca un pelo al delincuente” (Ernst Von Beling), ya que vive en el papel, y sólo actúa cuando el derecho procesal penal realiza la tarea que le es propia.

Reconozcamos a los constituyentes originarios la astucia: reservarse el Derecho Procesal Penal para las provincias es reservarse el verdadero brazo de la ley. Tal vez la misma astucia que impulsó a los constituyentes modernos a no incluirlo entre las materias prohibidas para los DNU. Después de todo, el art. 1º CN aún proclama que la Argentina es un país federal.

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