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Desenredando el conflicto docente

Anabella Molina
Lic en Ciencia Política (UBA).

Actualmente cursa la maestría en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella. Miembro del Grupo de Investigación en Ciencia Política sobre Coaliciones Políticas en América Latina. Es docente. 

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Mié, 03-05-2017
Todos los años en distintas provincias de nuestro país las clases no comienzan por conflictos con los docentes. El año pasado esto se produjo en siete provincias: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. En 2015 sucedió en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chaco y Entre Ríos. En cambio en 2014 ocurrió en 19 provincias, y en 2013 en 17. 

El 6 de Marzo 2012 se produjo el primer paro nacional docente para la gestión kirchnerista. Este año, lo que demoró unos 9 años para la gestión anterior, ocurrió en apenas 1 año para la gestión Pro. No obstante acotar el conflicto docente a diferencias partidarias o ideológicas, o incluso centrarlo en sus figuras más visibles, como intentan hacer la mayoría de los medios de comunicación dominantes, es no sólo simplificarlo, sino como diría el recientemente fallecido Giovanni Sartori, desinformar[1].

Comprender el conflicto docente es complejo incluso para quienes somos sus protagonistas principales: los docentes. Desenredar esta cuestión requiere comprender con claridad quiénes son los responsables gubernamentales no sólo del pago de salarios, sino también de brindar las condiciones necesarias y adecuadas para el buen desempeño de la actividad docente, y también, conocer quiénes son sus representantes.

El primer nudo de esta confusión es, por lo tanto, la responsabilidad gubernamental. El 5 de Junio de 1978, la Junta Militar Nacional promulgó dos decretos (21.809 y 21.810), transfiriendo todas las escuelas preescolares y primarias que pertenecían al Consejo Nacional de Educación a las provincias, a la Municipalidad de Buenos Aires y al territorio nacional de Tierra del Fuego, lo que constituía aproximadamente un tercio del sistema total de la educación pública primaria. Cabe mencionar que para ese entonces el 50% del sistema de educación primaria ya estaba provincializado[2]. Esta descentralización se profundizó todavía más el 6 de Diciembre de 1991 cuando el Congreso promulgó la Ley 24.049, mediante la cual la administración de todas las escuelas nacionales secundarias y para adultos y la supervisión de las escuelas privadas fueron transferidas a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires. Ambos procesos tienen como trasfondo la búsqueda de recortar el gasto nacional, por lo que no fueron acompañadas de las correspondientes transferencias de recursos. Desde entonces los principales responsables de la educación en general, y del otorgamiento de las condiciones necesarias para el desempeño de la actividad docente en particular son los gobiernos provinciales. Estos han enfrentado con diferentes capacidades políticas, financieras e institucionales esta responsabilidad.   

Todo esto de ningún modo significa que el gobierno nacional no tiene ninguna responsabilidad sobre la educación. El artículo 10 de la Ley de Financiamiento de Educativo de 2005 (26.075) establece que el Ministerio de Educación (Nacional), junto con el Consejo Federal de Cultura y Educación, y las entidades gremiales docentes con representación nacional deben acordar un convenio marco que incluya pautas referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.

En este sentido, ya desde 2004 y hasta el año 2011 el gobierno nacional estipuló un piso salarial común para todos los docentes con el acuerdo de la mayoría de los gremios con representación nacional. En 2012 el mencionado paro nacional se produjo como consecuencia de la falta de acuerdo en la paritaria nacional. Lo mismo ocurrió en 2013 y 2014, aunque con alguna menor adhesión de algunos sindicatos provinciales. En 2015 y 2016, cabe remarcarse con diferentes partidos (o coaliciones) en el gobierno nacional, se produce la paritaria llegándose a un acuerdo, por lo que el conflicto queda circunscripto a las provincias que no llegan a un convenio.

Todo esto nos conduce al segundo nudo de la confusión: los sindicatos. En nuestro país conviven organizaciones sindicales de primero, segundo y tercer grado (2° y 3° se refieren a Federaciones y Confederaciones de Sindicatos), organizaciones que actúan en distintas jurisdicciones (nacional y provincial) y organizaciones que agrupan a docentes de un solo nivel con aquellas que actúan en todos los niveles. A esto debemos sumarle la diferente relación que tienen los sindicatos con los gobiernos de turno, no sólo nacionales sino también provinciales. Esta gran fragmentación, en muchas ocasiones debilita su capacidad de enfrentar las negociaciones colectivas, al tiempo que dificulta encontrar y unificar medidas protestas, relegando al paro como la más eficaz, no sólo por su visibilización a todo el conjunto de la sociedad sino por la facilidad en su acuerdo.

Este año, al igual que en 2012, 2013 y 2014 las cinco organizaciones sindicales con representación nacional: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) convocaron a un paro nacional al inicio de las clases. A diferencia de sus antecesores, y tal como lo muestran los lamentables sucesos ocurridos en el Congreso el domingo 9 de Abril, este año el conflicto parece no resolverse rápidamente.

Por su parte, el gobierno nacional, con ayuda de los medios de comunicación dominante insiste, en colocar al conflicto en términos ideológicos, pero si ese argumento fuera suficiente, no deberíamos preguntarnos por qué este conflicto no se produjo el año pasado. La respuesta es más simple de lo que parece: el año pasado, tal como ocurrió desde 2004 el gobierno cumplió con el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo y convocó a una paritaria nacional, poniendo un piso para las negociaciones salariales provinciales.

El conflicto docente tiene raíces profundas no sólo en los procesos de descentralización y en su falta de financiamiento sino también en el federalismo argentino, y en la complejidad y densidad de las organizaciones sindicales docentes. Quizá un buen consejo para políticos inexpertos que se ponen a jugar con esta madeja de actores e intereses, es que para no tensar más los hilos, un buen primer paso es respetar la ley.




[1] Giovanni Sartori (1998): "Homo Videns: La Sociedad Teledirigida", México, Taurus

[2] Tulia Falleti (2004): "Descentralización Educativa en Argentina: Condicionantes institucionales y consecuencias políticas" en Clemente Adriana y Catalina Smulovitz (comp.) Descentralización, políticas sociales y participación democrática en Argentina, Buenos Aires, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo y Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

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