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Derecho a la salud: ¿para todos los hombres del mundo?

Gonzalo Gabriel Carranza
Magister en Derecho Constitucional (CEPC-España)

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid

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Mar, 10-04-2018
El debate sobre la atención a extranjeros en hospitales públicos desdeña principios que están en la Constitución Nacional y que sentaron las bases de una Argentina abierta al aporte de los inmigrantes.

Desde hace unos días los medios se han hecho eco de posibles regulaciones provinciales, en el norte del país (las que podrían extenderse a regulación nacional), tendentes a cobrar a los extranjeros las prestaciones de servicios sanitarios en hospitales públicos.

A propósito de las diversas intervenciones que se han suscitado estas jornadas, he tenido la oportunidad de reflexionar acerca de los propósitos que los padres de la Patria tuvieron en su tiempo, cuando sancionaron nuestra Constitución y señalaron, en el preámbulo, una serie de afirmaciones que conducen los designios de la Nación, que señalan el camino que hay que seguir y sobre el cual las generaciones venideras no deberían perder el rumbo.

Dentro de las líneas de lo que se dio en llamar en su momento la “oración patria”, existe algún conjunto de palabras interesantes. Veamos: el preámbulo señala, dentro de los objetivos que se perseguirían, el “promover el bienestar general” y cierra su redacción diciendo que todo lo que en aquel conjunto de palabras se establecía -como así también todo lo que contiene nuestra Constitución-, era para ellos, para los que hoy formamos la Nación “y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Si nos ponemos en disquisiciones legales, podríamos tratar de desentrañar qué significa “habitar el suelo argentino”, por cuanto podría ser tan sólo el hecho de residir o, incluso, el hecho de transitar simplemente sobre nuestro suelo soberano. Creo que la interpretación debe venir de la mano de un contexto y, en el marco de las ideas que se han propagado estos días, este no es más que la atención sanitaria, esto es, la prestación de servicios de salud, para las personas que provienen de otros países y que pasan por el nuestro y requieren cuidados.

En mi opinión, nuestra Constitución tiene el objeto de proteger a todos los que se encuentran bajo su poder, sean argentinos, chilenos, paraguayos, bolivianos, suecos o rusos; en fin, la Constitución hace abstracción de nacionalidad a la hora de señalar su cometido, por cuanto bien claro es también el art. 20 en cuanto a los derechos de los extranjeros, lo que ha venido de la mano de una compleja y densa jurisprudencia al respecto. Creo que la prestación de servicios sanitarios, que tienden ni más ni menos que a configurar palpablemente el derecho a la vida, a través del ejercicio del derecho a la salud, no puede ser negado a un ciudadano extranjero por el hecho de ser tal.

Criterios de igualdad podrían ser esgrimidos, desde la explicación que dice que esta es “la igualdad de los iguales en igualdad de condiciones”, y establecer así discriminaciones positivas en favor de los argentinos. No estaría mal, al menos desde la órbita jurídica, pensar así. Ahora bien, ¿no somos en el fondo seres humanos? ¿no juraron los médicos que se formaron en nuestro país y tienen matrícula en algún territorio, que cuidarían de la salud de sus pacientes y propenderían con su accionar al bienestar físico de ellos? ¿cómo podemos dejar de lado a un ciudadano de cualquier país del mundo en la atención sanitaria primaria e, incluso, en ciertas intervenciones quirúrgicas si su vida se encuentra en peligro?

Frente a los interrogantes expuestos, podrían surgir argumentos materialistas o proteccionistas estatales, aduciendo que el coste que se imputa al Estado (provincial, federal o de la CABA) implica una asunción sin contrapartida que contrarreste las erogaciones. Ahora bien ¿acaso los ciudadanos extranjeros cuando ingresan a nuestro país no pagan impuestos? ¿no les cobramos IVA por los productos que adquieren, al menos, en la cafetería de un hospital cuando esperan a ser atendidos? ¿no se les aplican alícuotas diferenciadas, por ejemplo, para el acceso a los parques nacionales? En todo caso, sí es posible constitucionalmente arbitrar los medios para el reintegro de los servicios sanitarios prestados a los países de los cuales provienen los extranjeros, nada obsta a ello, pero en ningún caso limitar el acceso a la salud.

Si esta política de discriminación en razón de la nacionalidad prospera, se podría, por ejemplo, llegar a casos en los cuales deban pagar la Universidad pública, incluso cuando nuestra Constitución garantiza la gratuidad de los estudios. Sigamos expandiéndolo, y deberemos cobrarles a los extranjeros que se formen en nuestras escuelas públicas primarias y secundarias.

Creo que existe una sinrazón de fondo y una mentalidad patrimonialista que piensa primero en los números antes que en las personas. Es entendible que se requiere mayor inversión en salud para atender a todos, pero ello no puede ser un óbice para limitarle un derecho a un extranjero que tiene capacidad de vivirlo en igualdad de condiciones con cualquier nacional argentino.

Considero, por fin, un error estas políticas que se vienen propiciando, ya que alejan y no acercan. Pensemos qué hubiera sido de nuestro país sin los inmigrantes durante tantos años. Pensemos, por ejemplo, si muchos de los que estamos leyendo esta columna hubiéramos podido hacerlo si a alguno de nuestros padres, abuelos o bisabuelos, muchos de los cuales llegaron a Argentina con una mano adelante y otra detrás, les hubieran cobrado por atenderles una enfermedad contraída en esos eternos viajes en buque buscando en nuestra tierra la prosperidad que su propia Patria les había robado. En fin, hay que reflexionar, antes de actuar.

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