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¿Cómo salir del laberinto educativo?

Axel Rivas
Co director del Programa de Educación de CIPPEC

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Dom, 05-03-2017
Los docentes no deben ser los que ponen el cuerpo en la paritaria que fija buena parte de los salarios del país. Deberíamos lograr salir de esta calesita de discusiones salariales con acuerdos de largo plazo y una nueva ley de financiamiento educativo.

El paro no es el camino. Los chicos que esperaban empezar su primer grado en la escuela pública, sus deseos, sus sentimientos invisibles, son sagrados y deberían ser protegidos de manera universal. Debería ser otro el momento del año donde hacer la negociación y el paro no sería tan doloroso. Esto es responsabilidad de los sindicatos y gobiernos.

Tampoco deberían ser los docentes de escuelas públicas (y sus alumnos) los que ponen el cuerpo en la paritaria (o en su ausencia) que fija buena parte de los salarios del país. De su lucha se alimentan los aumentos salariales de muchos sectores que la atacan.

Hace varios años que las negociaciones son similares (con éste y el anterior gobierno nacional y sus variantes provinciales, salvo pocas excepciones): los gobiernos buscan reducir el gasto público y los sindicatos pelean por el salario docente. Las paritarias de 2014 y 2015 son una prueba de ello: no fueron acordadas porque la propuesta nacional no alcanzaba la inflación. Ahora pasa lo mismo en varias provincias. La propuesta de un 18% de aumento es un ajuste frente a los pronósticos realistas de la inflación y en un año donde se pronostica crecimiento económico, si bien la posibilidad de actualizar el salario frente a una medida de inflación confiable es un paso adelante.

Se puede escapar de este laberinto. Un primer paso fácilmente practicable es crear una comisión que analice de manera independiente al gobierno y los sindicatos la evolución del salario y la inversión educativa en cada provincia, de cada grupo de docentes (hay grandes variaciones invisibles entre docentes según niveles, antigüedad, zona y cargo) y presente informes claros para situar qué provincias realizan mayor y menor esfuerzo. También es necesario monitorear la inversión educativa nacional y cómo distribuyen los fondos compensatorios y de incentivo docente cada año (allí está la posibilidad de un Estado nacional que reduzca la desigualdad salarial provincial).

Esto permitiría objetivar las discusiones y quitarles el dramatismo testimonial personificado en los dirigentes de turno, en las capacidades comunicacionales o en las negociaciones subterráneas.

Esto podría hacerse de inmediato, pero el problema es más profundo. Deberíamos lograr salir de esta calesita de discusiones salariales con acuerdos de largo plazo y una nueva ley de financiamiento educativo que mejore salarios y en paralelo transforme la formación y la carrera docente. El desafío decisivo es crear las condiciones para discutir un camino transitable que haga más exigente la formación y la carrera profesional docente mientras se aumenta el salario. Esto requiere un gran marco de acuerdo nacional de largo plazo con muchos actores que trasciendan la disputa de un gobierno de turno.

Hace tiempo que pedimos en CIPPEC que haya un Plan Decenal de Educación, que traspase las fronteras de un gobierno y ponga la mirada en el largo plazo. El Ministerio de Educación ha retomado esta iniciativa, que fue gestada y desechada años atrás. Allí se deberían acordar las grandes prioridades, la manera de alcanzarlas y el financiamiento educativo resguardado que lo haga posible.

Todo esto es parte de una discusión fiscal integral pendiente en la Argentina, que incluya el control de la evasión, el aumento del impuesto a las ganancias y al capital de los sectores más aventajados. Esto podría darles más recursos a las provincias para invertir en educación y en áreas sociales sin incrementar el déficit fiscal.

También es parte de esa discusión la redistribución en favor de las provincias con menos recursos fiscales y que premie a las que mayor esfuerzo hacen por la educación. Esto abarca un gran fondo para la provincia de Buenos Aires, devastada por la coparticipación como ninguna otra. Parte de la tarea de redistribución en busca de mayor justicia social y educativa es mejorar la eficiencia de la inversión educativa, muy variable según provincias.

Todo esto está en juego en estos días. Los ojos ilusionados de los alumnos con llegar a la escuela el lunes son el futuro de la Argentina. Debemos construir y alimentar esa ilusión, despertar el deseo de conocimiento y llenarlos de experiencias profundas de aprendizaje. Esto requiere un reconocimiento crucial: respetar la dignidad docente hoy más que nunca.

Los que no conocen y son capaces de considerar la experiencia de dar clases, lo que ponen los docentes cada día en las aulas, sus energías gastadas por mirar realidades desbordantes, sus esfuerzos invisibles por enseñar en condiciones deplorables, por enfrentar normativas absurdas o por levantar con sus brazos al alumno que llega sin nada en el estómago, no debería criticarlos. Hay que asumir una gran tarea de empatía y reconocimiento antes de caer en las miradas despectivas.

La propuesta de usar voluntarios para reemplazarlos es una provocación que deslegitima la autoridad profesional docente. Debería ser fuertemente desautorizada por el poder político, no avalada.

Necesitamos transformar como nunca antes el sistema educativo, las escuelas y las aulas. En los próximos diez años la gran discusión será cómo crear entornos de aprendizaje apasionantes, que llenen de voluntad de aprender a los alumnos. Estamos gastando días y años en discusiones de corto plazo. Es hora de ampliar las actuaciones de justicia del sistema educativo, de repensarlo todo en la escuela pública. Pero esto debe construirse con los docentes, nunca contra ellos. 

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