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Dr. en Economía. Profesor/investigador en la Universidad Nacional de Córdoba.
Consultor, especializado en economía de los servicios públicos. 

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Lun, 27-10-2014
La discusión sobre las buenas prácticas regulatorias quedó reducida a la mínima expresión durante la última década. Primó la idea de utilizar el poder de injerencia del Estado en los mercados para transferir bienestar entre diferentes sectores de la sociedad, intentar frenar las presiones inflacionarias y maximizar el poder político. Los resultados de esta política conducen a la necesidad de definir una nueva agenda regulatoria para los servicios públicos.

Los mercados no siempre operan bajo condiciones ideales, sino que evidencian algún tipo de falla que causan resultados sociales indeseables. La existencia de poder monopólico o de graves asimetrías de información entre productores y consumidores son situaciones típicas que justifican la acción del Estado, estableciendo algún tipo de control sobre el precio, las cantidades, y las condiciones de entrada, salida y de información en un mercado.

Sin embargo, estas acciones por parte del Estado no necesariamente son garantía de un mejor resultado, pudiendo perjudicar a consumidores actuales o potenciales, a quienes, en definitiva, se pretendía beneficiar con la intervención. Para ello, es necesario considerar que las decisiones del Estado en materia de regulación se toman en un contexto institucional que opera bajo regímenes particulares de incentivos y limitaciones de información, que determinan los resultados de sus acciones.

Este delicado balance entre fallas del mercado y fallas del Estado es parte del proceso  regulatorio, que se sitúa en el centro de la compleja y conflictiva relación entre el Estado y el mercado. En este marco, puede verse a la regulación como un juego entre actores con incentivos, información y horizontes temporales diferentes, donde los aportes de Jean Tirole, recientemente laureado con el Nobel de Economía, fueron determinantes para la compresión de la problemática y cómo resolverlo.

 Claramente, estos temas son muy complejos, con soluciones que no siempre pueden ser inmediatas e involucra, en general, costos de inversión importantes. Es decir, en las buenas prácticas regulatorias los costos son significativos e inmediatos y los beneficios pueden percibirse a través del tiempo. Invertir este proceso es parte del oportunismo político, ya que pueden obtenerse beneficios inmediatos a costa de un enorme costo futuro, con la ventaja política adicional que a la población no siempre le es posible asociar estos costos con las políticas implementadas.

El marco hasta aquí discutido es determinante en el campo de la política de los servicios públicos, que en la Argentina ha sido sometida a los vaivenes que caracterizaron en las últimas décadas a casi todos los aspectos de la política económica del país. Así, hasta finales de los 80´s, el rol estatal en los servicios públicos era asociado al proceso de inversión pública, donde el Estado decidía las inversiones y, en la mayoría de los casos, operaba las obras, es decir se constituía en el proveedor final. No existían marcos regulatorios específicos ni entes de regulación, y las tarifas oscilaban entre las necesidades inmediatas de caja y las presiones políticas de los recurrentes planes de estabilización. Los resultados de este proceso fueron marcadamente desalentadores en términos de la calidad, cobertura, sostenibilidad financiera y eficiencia de los servicios.

A principios de los 90´s se produce un marcado cambio, donde la participación del sector privado se tornó preponderante. En este nuevo escenario, el Estado asumió esencialmente la función regulatoria, desregulando, reestructurando sectores y regulando los segmentos monopólicos. En este proceso, la creación de marcos normativos y de entes de regulación sectorial fue un hecho institucional clave. Si bien se obtuvieron mejoras evidentes en la mayoría de los sectores, el drástico cambio en el entorno macroeconómico a finales del 2001 generó una ruptura en las reglas de juego establecidas.

Sin embargo, el principal cambio estuvo determinado por el nuevo enfoque adoptado por el gobierno. De esta manera, la discusión sobre las buenas prácticas regulatorias de los mercados, y en particular la de servicios públicos, quedó en la Argentina reducida a la mínima expresión durante la última década, a medida que el esquema de política económica implementado se alejaba de los principios de eficiencia y consistencia temporal. Primó en el gobierno la idea de utilizar el poder de injerencia del Estado en los mercados para transferir bienestar entre diferentes sectores de la sociedad, intentar frenar las presiones inflacionarias y maximizar el poder político. Los resultados de este experimento son grandes distorsiones de precios y una marcada falta de incentivos a la inversión y la innovación productiva. No obstante, los hechos más visibles son las reducciones en la calidad de los servicios, escasas posibilidades de aumentar la cobertura y crecientes demandas aportes fiscales.

Estos resultados conducen nuevamente a la necesidad de definir una nueva agenda regulatoria para los servicios públicos, cuyos principales lineamientos debería involucrar:

  • Definición sobre el rol del sector privado. Dentro de este esquema, es probable que el Estado tenga un rol preponderante en el proceso de inversión.
  • Establecer marcos regulatorios generales y sectoriales, adecuados al nuevo escenario, que propicien el respeto por los derechos de propiedad.
  • Recomponer los entes regulatorios, basados en lineamientos meritocráticos, transparentes y con rendición de cuentas.
  • Redefinir el rol regulatorio de las diferentes jurisdicciones, por ejemplo el de las provincias.
  • Establecer mecanismos alternativos para atraer capital a los sectores, considerando la falta de incentivos del sector privado causada por la extensa historia de expropiaciones regulatorias.
  • Establecer mecanismos de tarifas sociales, sin descuidar el uso eficiente de los servicios.

Uno de los aspectos distintivos es que, independientemente que los servicios sean provistos por empresas públicas o por capitales privados, el Estado debe centrarse en un rol indelegable, como es el de regulación y control. Hay exitosas experiencia en numerosos países de la región donde conviven empresas públicas, inversión privada, marcos regulatorios que propician la eficiencia y la sostenibilidad económica y financiera, y entes reguladores altamente calificados e independientes del poder político. Es decir, la provisión estatal de los servicios no debe se un sustituto de la buenas prácticas regulatorias.

Si bien estos lineamientos se acotaron a la prestación de los servicios públicos, no menos importante es incorporar en la nueva y más amplia agenda regulatoria a la política de defensa de la competencia.

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