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Una oportunidad malgastada

Malena Rey
Bioeticista

Especializada en problemáticas de reproducción asistida. Docente de posgrado en la Universidad Isalud. 

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Mar, 29-11-2016

¿Cómo reducir la violencia contra las mujeres en Argentina? Para determinar factores de riesgo, identificar las causas de la violencia y desarrollar políticas públicas es necesario contar con datos sólidos y certeros que permitan identificar esa violencia. La concientización pública acerca de un problema puede ser una herramienta valiosa, pero cuando está basada en datos inexactos o falsos, en ésta y cualquier otra problemática, puede llevar a resultados desastrosos. No podemos diseñar una política de escolarización si no sabemos cuántos niños no saben leer y escribir, en qué zonas viven, qué extracción social tienen. De la misma manera, será imposible desarrollar estrategias adecuadas para reducir la violencia contra las mujeres si no poseemos datos confiables. 

Brindar eso datos parecía ser el propósito central del “Primer índice nacional de violencia machista”, cuyos resultados se difundieron la semana pasada. Se trató de una encuesta online que pretendía medir distintas formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Las deficiencias y desafíos de una encuesta de este tipo son bien conocidas, pero cuando se necesita recopilar información de una población muy amplia son una opción tentadora. Pueden llegar a muchísimas personas, la autoadministración reduce significativamente los costos y los datos que se recopilan quedan ya albergados en una base de datos, evitando la molestia de tener que trasladarlos manualmente. Estos beneficios, sin embargo, deben ser siempre considerados secundarios al compararlos con el objetivo último de toda investigación: brindar datos sólidos. En el caso del “Primer Índice Nacional de Violencia Machista”, lamentablemente, este objetivo no se cumplió. Veamos por qué. 

Al realizar una encuesta, lo que buscamos es saber qué piensa una población determinada acerca de uno o varios temas. Una manera ideal sería entrevistar a todos y cada uno de los individuos que componen una población, objetivo imposible de cumplir en este caso. La solución es obtener una muestra poblacional, es decir, un grupo de personas que representen a la población en general. 

Tener acceso a una muestra válida es la base necesaria para recolectar datos representativos. Sin ella, todo lo que recolectemos puede ponerse en duda. Por este motivo, la selección de la muestra es uno de los momentos más difíciles de toda investigación, ya que determinar qué personas son representativas de una población implica más de un desafío. En este caso, si queremos saber qué opina el difuso colectivo “mujeres argentinas” acerca de un tema, no podríamos meramente pararnos en la esquina de Las Heras y Pueyrredón e interrogar a las mujeres que nos crucemos: evidentemente, estaríamos dejando afuera de nuestra muestra a las mujeres del interior, mujeres de un nivel sociocultural vulnerable, etc. El investigador debe realizar distintas encuestas en varias zonas para que así la muestra tenga diversidad sociocultural, geográfica, etaria, etc. Afortunadamente, hay una enorme cantidad de recursos que describen cómo debe ser seleccionada esa muestra para poder salvar ese problema. 

En el caso de las encuestas online, su misma naturaleza conspira en contra de que la muestra sea representativa. Al estar disponible a todas las personas que ingresan a un sitio web, sin ningún tipo de selección previa, el investigador no tiene ningún control acerca de la muestra que finalmente representará a toda la población. De esta manera, la muestra puede quedar sesgada por numerosos motivos. En primer lugar, deja afuera a todas las personas que no tienen acceso a internet (en este caso, los investigadores intentaron paliar este problema: analizaremos después si esta estrategia fue efectiva o no). Pero también deja afuera a todas las personas a las que el tema de la encuesta no les interesa, y tiende a atraer respuestas de las personas que ya tienen un interés previo en el tema a investigar. En el caso del Índice, es esperable que buena parte de las mujeres que han sufrido violencia machista, y que han logrado identificarla como tal, estén más dispuestas a responder 186 preguntas muy íntimas que las mujeres que no lo hayan hecho. Pero además, las personas que responden a un tema porque éste les interesa tienden a brindar respuestas más enfáticas que las demás. Ante la duda, optarán por responder como asumen que el investigador desea que respondan. Estos sesgos son bien conocidos, y desarrollar estrategias para enfrentarlos es uno de los mayores desafíos de los investigadores. 

En el caso del Índice, se suma otro problema: el nombre mismo, “violencia machista” tiende a dejar afuera a muchas mujeres que por diversos motivos no se sienten identificadas con ese término o lo consideran políticamente cargado. Muchas mujeres pueden haber sufrido violencia que caracterizaríamos como “machista” sin considerarla como tal; muchas otras pueden no haber sufrido ningún tipo de violencia y, por lo tanto, no tienen incentivos para responder, especialmente cuando hablamos de una encuesta muy larga y trabajosa. En otro tipo de encuestas, se contacta a personas que no están necesariamente interesadas en el tema. E incluso si no desean responder, un buen encuestador puede animarlas a hacerlo. De esta manera, los datos obtenidos representan a toda la población, y no solamente a aquellas personas que tienen un interés previo en el tema.

La lectura del “Informe ejecutivo final” del Índice nos da una muestra de las respuestas que se dieron, y de las que no se dieron, a estos problemas. El Informe parece ser optimista con respecto a la representatividad de la muestra: si bien reconoce que los datos con los que contamos indican que en 2011 menos la mitad de los hogares argentinos contaban con acceso a internet, confía en que el plan Conectar Igualdad haya suplido en alguna medida esa deficiencia en los últimos años. Además indica que: “En el caso de este estudio, se aspiraba a que la difusión periodística y en redes sociales (Facebook y Twitter) de la iniciativa, generara el suficiente interés en las distintas provincias argentinas de forma tal que motivara a la participación”. Si esta aspiración fue efectivamente cumplida o quedó en las intenciones, no tenemos modo de saberlo. 60.000 respuestas es un número alto, pero no tenemos modo de saber si esa muestra es representativa o no. Si bien es cierto que un gran número de personas utiliza estas Facebook y Twitter en Argentina, las redes sociales pueden volverse en contra del investigador, al aumentar los sesgos que ya describimos: las personas que comparten la encuesta y animan a sus contactos a participar son aquellas que ya tienen un interés previo en el tema.  

En relación a la población sin acceso a internet, el informe detalla que se realizaron encuestas presenciales en zonas de bajos recursos. ¿Qué porcentaje de las 60.000 mujeres que respondieron la encuesta lo hicieron offline? No lo sabemos. El informe no indica cuántas encuestas se hicieron de manera presencial, lo que ya debería ser un motivo de alarma, en tanto la descripción exhaustiva de las técnicas utilizadas en una investigación es una manera crucial para evaluar su solidez. Hay dos riesgos que entran en juego aquí que el informe final no nos permite evaluar: si el número de encuestas presenciales en una zona determinada fue muy grande, los números finales para esa zona representaran mayoritariamente a poblaciones que viven en zonas vulnerables. Si el número de encuestas presenciales fue muy bajo, los resultados finales sobrerepresentan a mujeres con conexión a internet, y por lo tanto tampoco sirven. Además, el informe es vago acerca de buena parte de las zonas en las que se realizaron estas encuestas presenciales, pero al haber sido realizadas en colaboración con dos organizaciones que trabajan en barrios populares (la Fundación Sí y La Poderosa) nos da la pauta de que éstas sólo fueron realizadas en los sectores más vulnerables. No hubo intentos de extender la encuesta presencial a aquellos sectores que no accedieron a la encuesta online por otros motivos (por ejemplo, mujeres mayores que utilizan esporádicamente internet o comunidades rurales). 

De todos modos, la investigación reconoció e intentó paliar las limitaciones del muestreo solamente en relación a las personas en situación de vulnerabilidad social que no tienen acceso a internet: el informe no dedica ni una palabra a los otros potenciales problemas que mencionamos. No hubo estrategias, entonces, para paliar estos sesgos, lo que debería ocasionarnos motivos de alarma. 

Una dificultad adicional es que el cuestionario era muy largo y trabajoso: 186 preguntas que abarcaban temas incómodos y cargados emocionalmente. Es esperable que buena parte de las personas que comenzaron a responder lo abandonaran al darse cuenta de que les llevaría más tiempo del esperado o que les resultaría muy difícil de responder. El informe final reconoce esta limitación, aclarando que se incluyó una opción de recuperación de las respuestas para que la encuesta pudiera completarse en varios tramos. Lo llamativo es que el informe no aclara en ningún lugar qué sucedió con las encuestas no finalizadas. Lo que nos permite preguntarnos: las 60.000 mujeres que respondieron, ¿fueron las que respondieron las 186 preguntas, o sólo algunas? Y las que solo respondieron algunas preguntas, ¿fueron incluidas en los números finales? 

Otro factor que debería preocuparnos en esta y cualquier otra encuesta online es que hay pocas maneras de controlar el comportamiento de las personas que responden. Por empezar, es mucho más fácil mentir por internet. Si entrevistamos a una persona de bajos recursos en su hogar, es poco probable que nos mienta respecto a su situación socioeconómica, pero no hay motivos para que esa persona no lo haga en internet. Confiar en la honestidad de quienes responden es ingenuo: hay numerosísimas pruebas de que las personas mienten sistemáticamente en las encuestas online a pesar de que no tengan motivos para hacerlo. También es habitual perder interés en algunos temas de la encuesta y empezar a responder sin haber leído todas las opciones o directamente eligiendo cualquier opción al voleo para lograr que termine lo más rápido posible. La mayoría de las encuestas bien hechas tienen estrategias de análisis de datos que ayudan a detectar estos casos y quitarlos de los resultados finales. Por ejemplo: si una persona responde que tiene 17 años y estudios universitarios completos, la encuesta debería automáticamente filtrar esa encuesta para que los investigadores puedan examinarla en profundidad. Si una encuesta en formato multiple choice tiene una enorme mayoría de respuestas en la primera opción, nos da la pauta de que la persona que respondió simplemente eligió siempre esa opción sin leer las preguntas. Si el tiempo promedio en responder la encuesta es de media hora, y tenemos algunas encuestas que fueron respondidas en 5 minutos, podemos suponer que esas personas no leyeron con atención. ¿Se tomó alguna medida de seguridad de este tipo en el Índice de violencia machista? El informe no lo aclara, por lo que podemos suponer que no. 

Como dato de color, una de las mayores críticas que cosechó la encuesta fue que la pregunta 172 era “¿Sabes leer y escribir?”, lo que parecía casi un chiste de mal gusto en una encuesta de 186 preguntas que debían leerse con atención. Mi primera reacción al ver esa pregunta fue asumir que se trataba de una “pregunta trampa”: a veces los encuestadores incluyen varias preguntas cuya respuesta es obvia. De esta manera, si hay una respuesta que no tiene sentido, da la pauta de que la encuesta fue respondida sin prestar atención y que los resultados pueden no ser certeros. Pero si esa era mi sospecha, el Informe final no indica que haya ninguna “pregunta trampa” o cualquier estrategia de control para verificar los datos vertidos. Dado que la encuesta también se realizó de manera presencial, es probable que esa pregunta haya estado pensada para esas encuestas. Su inclusión en el formato online habla de un nivel de descuido o desinterés que debería ser otro motivo de alarma. 

Por último, y quizás el punto más grave de todo el Índice, es que no sabemos con qué criterio se elaboraron las preguntas. El informe es sorpresivamente oscuro en este punto: “Primero, nos preguntamos: ¿Puede medirse la violencia? ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres viven situaciones de violencia machista a lo largo de sus vidas? ¿Cuántas situaciones de violencia machista viven las mujeres a lo largo de sus vidas? ¿Cuántas de esas mujeres buscan ayuda? ¿Cómo funciona la respuesta estatal frente a estos pedidos de ayuda? A partir de estas preguntas, construimos un cuestionario de 186 preguntas que abarca todos los tipos de violencia machista que viven las mujeres a lo largo de sus vidas”. 

Las preguntas de una encuesta deben ser planificadas muy cuidadosamente. El diseño de la encuesta, la redacción, la forma y el orden de las preguntas pueden afectar el tipo de respuestas obtenidas, y se requiere un equipo de trabajo bien versado en estas cuestiones para minimizar el impacto de estos factores en los resultados finales. Por este motivo, la mayoría de los investigadores opta por utilizar escalas ya utilizadas por otros investigadores, que han sido examinadas para determinar su solidez. 

El criterio con el que se elaboraron las preguntas debería estar incluido en el Informe final especialmente porque su análisis en detalle nos lleva a varios cuestionamientos. Un ejemplo claro es el fenómeno llamado priming, por el cual una pregunta realizada previamente puede influir el resultado de las respuestas posteriores. Una manera fácil de evitarlo es hacer que el orden de las preguntas sea aleatorio, medida que no se tomó en este caso. 

Vayamos a uno de los datos más llamativos de todo el informe para comprender por qué es tan importante realizar un cuidadoso desarrollo de la encuesta, y por qué en este caso es evidente que fue deficiente. De acuerdo al informe final, el 67% de las mujeres sufrió maltrato físico en sus relaciones de pareja, pero sólo el 56% dijo haber sufrido abuso emocional. Estos datos son muy dudosos, ya que hay consenso en que la violencia en relaciones de pareja se produce gradualmente, y el abuso emocional en la inmensa mayoría de los casos precede a la violencia física. Así lo muestran numerosas encuestas de violencia de género, en la mayoría de las cuales la violencia emocional suele haber sido experimentada por más mujeres que la violencia física. ¿Por qué los números difieren en este caso? ¿Es posible que las mujeres argentinas experimenten más violencia física que abuso emocional? No parece probable: ya hay encuestas previas realizadas en Argentina que nos hablan de una mayor prevalencia de violencia emocional. Por ejemplo, la realizada en 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social porteño indica que el 70% de las mujeres sufrió violencia emocional, frente al 20% que sufrió violencia física. 

Para entender lo ocurrido, hay que analizar la encuesta en mayor detalle para buscar qué entiende la encuesta por “abuso emocional”. Bajo esta categoría, el Índice agrupa las respuestas a cuatro preguntas:

¿Alguna vez tu pareja atacó con gritos o insultos a alguno/s de tus seres queridos?

¿Alguna vez tu pareja te amenazó con hacerles daño a alguno/s de tus seres queridos?

¿Alguna vez tu pareja rompió o te sacó algún objeto personal que tuviera algún valor emocional para vos?

¿Alguna vez tu pareja te obligó a ser cómplice o te implicó en alguna actividad ilegal?

¿Son estas preguntas representativas de lo que la mayoría de nosotros entendería por “abuso emocional”? Por supuesto que no. Los motivos por los cuales estas cuatro preguntas se agruparon en la misma categoría, y por qué a esa categoría se la llamó “violencia emocional”, me escapan por completo.

Para encontrar los números de lo que entenderíamos por “abuso emocional” tenemos que ir hacia otra categoría: “Desvalorización”, en la cual el 70% de las mujeres respondió que sí a la pregunta “¿Alguna vez tu pareja te gritó o insultó como forma de imponerse en discusiones ocasionales?”, dado que el síntoma más claro de violencia emocional es el insulto. La aclaración “como forma de imponerse en discusiones ocasionales”, de todos modos, genera dudas. De hecho, en ningún momento de la encuesta se preguntó a las mujeres si alguna vez su pareja las insultó, sin importar el motivo. Lo que nos obliga a volver a insistir: ¿con qué criterio se hicieron las preguntas? ¿Por qué se agruparon en estas categorías y no en otras? ¿Qué marco teórico, bibliografía, recursos, especialistas, fueron consultados previamente? No lo sabemos.  

Vayamos a un último punto para ilustrar las deficiencias en la construcción de la encuesta. Con respecto a la violencia física, las preguntas son igual de endebles, y en este caso se trata de un descuido absolutamente inaceptable. Así como la violencia emocional precede a la violencia física, ésta suele ser el antecedente del femicidio. Tener datos certeros acerca de la prevalencia de violencia física en una pareja ayuda, entonces, a quienes desarrollan políticas públicas de seguridad a identificar adecuadamente situaciones de riesgo y a implementar estrategias efectivas para, literalmente, salvar la vida de las mujeres que la denuncian. 

Un dato importante que se debe tener en cuenta es un tipo muy especial de violencia física: el ahorcamiento. Hay evidencia muy sólida que indica que las mujeres que fueron ahorcadas alguna vez por su pareja corren un riesgo muchísimo más alto de ser asesinadas que las mujeres que sufren otros tipos de violencia física. Conocer la prevalencia de este tipo específico de ataque, por lo tanto, es vital para el desarrollo de una política pública que permita reducir los femicidios. El índice, sin embargo, no nos da ningún tipo de información al respecto, ya que agrupa diversos tipos de violencia física en una misma pregunta. El 28% de las mujeres respondieron afirmativamente a la pregunta: “¿Alguna vez tu pareja te pateó, arrastró, tiró del pelo, ahorcó o quemó?”. Evidentemente todas ellas son situaciones inaceptables en una pareja, y todas ellas deben ser erradicadas, pero agruparlas en la misma pregunta es inaceptable. ¿Qué porcentaje de ese 28% de mujeres fueron ahorcadas o quemadas, y cuáles sufrieron un tirón violento del pelo?  ¿Cómo podemos identificar a las mujeres que están en riesgo si ni siquiera tenemos datos claros acerca de lo que están padeciendo?

Cada 20 horas se produce un femicidio en la Argentina. Y no sabemos cuántas de ellas conviven a diario con golpes, violaciones, torturas. La iniciativa #NiUnaMenos logró algo positivo y sorprendente: canalizar un malestar social difuso en una herramienta que permitiera conocer los datos de la violencia y convocar un enorme número de mujeres dispuestas a contar sus experiencias para recabar esos datos. Por ello la lectura del informe final del Índice de violencia machista tiene el frustrante sabor de una valiosa oportunidad malgastada. Abundan los vacíos y las imprecisiones, y finalmente, deja más preguntas que respuestas. No pude menos que esbozar una sonrisa triste al llegar a esta frase: “Las políticas públicas son imposibles sin información. Y, en la Argentina, se desconoce la verdadera dimensión del problema de la violencia machista”. Al menos en eso, estamos de acuerdo. 

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