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La buena muerte

Malena Rey
Bioeticista

Especializada en problemáticas de reproducción asistida. Docente de posgrado en la Universidad Isalud. 

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Jue, 18-06-2015

De tanto en tanto, la opinión pública se conmueve por la noticia que informa del pedido de un enfermo terminal o crónico de poner fin a su vida. Recientemente, se difundió el caso de Jeffrey Spector, un británico de 54 años que sufría cáncer, y que optó por terminar con su vida antes de que un tumor en su columna vertebral lo dejara paralizado del cuello para abajo. A mediados de mayo se conoció el fallecimiento de Valentina Maureira, la niña chilena de 14 años que cobró notoriedad tras solicitar el acceso a la eutanasia a Michelle Bachelet, al no poder tolerar más los sufrimientos causados por la fibrosis quística que padecía. También se difundió en las últimas semanas el caso de una joven cordobesa de 30 años, testigo de Jehová, quien falleció tras negarse a recibir una transfusión de sangre en oposición al pedido de sus padres, que solicitaron ante la justicia que se la obligara a aceptar el tratamiento médico. 

Los tres padecían una enfermedad y, por distintos motivos, deseaban morir. Esta circunstancia no es para nada trivial. Y, sin embargo, nuestra legislación hubiera tratado estos tres casos de maneras muy diferentes. El caso de la joven testigo de Jehová se encuadra dentro del llamado “rechazo de tratamiento”: la expresión del derecho que posee cualquier persona a negarse a recibir un tratamiento médico, incluso cuando éste puede salvar su vida. Por ese motivo, es legal en nuestro país, a diferencia de los pedidos de Maureira –quien solicitó que se le aplicara una inyección letal- y Spector –quien accedió a quitarse la vida él mismo bajo supervisión médica. 

Reconocer el derecho de un paciente a rechazar un tratamiento que puede salvar su vida es aceptar su derecho a la autodeterminación, es decir, a tomar las decisiones que considere mejores con respecto a su propio cuerpo, siempre y cuando no perjudique a terceros. No hay motivos para no reconocer este derecho cuando hablamos de suicidio asistido o eutanasia. En contrapartida, si nos decidimos a rechazar estas prácticas, entonces también deberíamos rechazar la idea de que el paciente puede negarse a recibir un tratamiento médico. Sostener, a la vez, que el paciente cuenta con el derecho a rechazar un tratamiento, pero que no puede terminar con su vida cuando ésta se torna insoportable es una inconsistencia lógica: si podemos ignorar las decisiones de las personas en lo que corresponde a su intimidad, ¿no pasaría a ser más que mera retórica la tan proclamada autonomía? 

El factor más importante, de todos modos, es que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son prácticas compasivas. Los pacientes terminales a veces sufren dolores tan agudos que los demás apenas pueden comprenderlos. La mejor justificación moral de la eutanasia proviene, precisamente, de su capacidad para poner un fin a ese sufrimiento. 

A propósito del sentimiento de la compasión, Stewart Alsop, un respetado periodista que falleció en 1975, expresó en palabras conmovedoras sus experiencias como paciente terminal. Pese a que nunca antes había pensado demasiado acerca de la posibilidad de terminar con la propia vida, llegó a aprobar esta práctica tras compartir la habitación del hospital con un joven paciente a quien apodó “Jack”, quien sufría un cáncer terminal: 

“Sufría dolores constantemente, y el médico le había prescripto una inyección intravenosa de una droga sintética, un analgésico, cada cuatro horas. A la hora indicada, la enfermera le inyectaba el analgésico, que controlaría el dolor durante un par de horas. Transcurrido ese breve lapso, Jack comenzaba a gemir. Se quejaba casi en un susurro, como si no quisiera despertarme. Luego empezaba a aullar, como los perros. Cuando esto sucedía, él o yo llamábamos a la enfermera y le pedíamos el analgésico. La enfermera le daba por boca una dosis de codeína o algo parecido, que no le hacía nada, pues era como darle media aspirina a alguien que se rompió el brazo. Ella intentaba explicarle que no faltaba mucho para la inyección intravenosa: “Sólo cincuenta minutos”, trataba de alentarlo. Invariablemente, los quejidos y aullidos de Jack se volvían cada vez más frecuentes y más fuertes hasta que llegaba el bendito alivio. La tercera noche se me ocurrió un pensamiento terrible. “Si Jack fuera un perro”, pensé, “¿qué haría con él?” La respuesta era obvia: encerrarlo y darle cloroformo. Ningún ser humano con una chispa de piedad dejaría que algo vivo sufriera tanto”. (James Rachels en The Morality of Euthanasia, p. 126).

Quienes se oponen a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido sostienen que estas prácticas se expandirán inevitablemente, desalentando la calidad de los cuidados paliativos que pueden ofrecerse a los pacientes. También alegan que los pacientes pueden llegar a ser manipulados o coaccionados para tomar la decisión de terminar con sus vidas, o peor, que los médicos y los familiares decidirán por aquellos que ya no son capaces de decidir por sí mismos. Todas estas son graves razones que la legislación debería enfrentar en serio: una regulación mal hecha puede afectar negativamente a los grupos vulnerables. Este reconocimiento, sin embargo, no nos debe hacer olvidar que nada deja en mayor situación de vulnerabilidad a los enfermos que el vacío legal que sufren actualmente. Como buena parte de las prácticas prohibidas por ley, pero cada vez más aceptadas por la sociedad, la eutanasia se realiza y se seguirá realizando, pero en secreto. Ya en 2002 una encuesta entre médicos del CEMIC mostró que el 26% de los encuestados reconoció haber aplicado una o más veces la eutanasia o el suicidio asistido. 

Uno de los más lúcidos filósofos contemporáneos, Ronald Dworkin, sostuvo que, en realidad, el dilema que nos provocan la eutanasia y el suicidio asistido tiene que ver con nuestros desacuerdos en torno a cómo respetar una idea fundamental que todos, de alguna manera, compartimos: que la vida individual es sagrada -independientemente de que atribuyamos esta sacralidad a un Dios o a un valor laico. Y si bien éste es el punto crucial en el que se centra la prohibición de estas prácticas, Dworkin también observa correctamente que sólo el individuo es el que tiene el derecho a decidir la manera en que se debe respetar la sacralidad de su propia vida. Cualquier decisión que se tome por él es inaceptable en una sociedad secular y pluralista. 

Una idea similar está por detrás de las últimas palabras de Jeffrey Spector antes de quitarse la vida: "Creo en mi derecho humano a la dignidad (...) Yo soy una persona orgullosa, una persona digna e independiente. Soy yo quien está haciendo esto". O como afirmó Ramón Sampedro, cuya lucha por acceder al suicidio asistido fue retratada en la película Mar Adentro: “vivir es un derecho, y no una obligación”.

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