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Ni el oficialismo ni la oposición parecen estar interesados en los cambios de prácticas y de cultura institucional sobre los organismos de inteligencia. Es posible pensar en un control por parte del poder judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en numerosos casos una jurisprudencia que tiende a limitar el alcance del secreto que pesa sobre los servicios de inteligencia. 

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Las sociedades democráticas necesitan de servicios de inteligencia profesionales y férreamente controlados por parte de sus órganos políticos. En Argentina el sistema de inteligencia nacional es controlado por una Comisión Bicameral en el Congreso que funciona bajo un paradigma de secreto excesivo: no solamente es imposible saber si funciona efectivamente, sino que también es imposible saber si simplemente funciona.

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